El caso comenzó a investigarse a raíz de una denuncia interpuesta por un vecino de Aljaraque, colaborador de la agrupación 'Sí se puede', en la que exponía que la citada moción de censura fue retirada "tras ofrecer un intermediario del PSOE y miembro de CCOO un empleo en la empresa Aguas de Huelva a la mujer de uno de los dos ediles electos" de esa formación, aportando unas grabaciones.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, en las dos próximas semanas está prevista la declaración de un responsable del gabinete jurídico de Aguas de Huelva, de una responsable de Adecco y del secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo.

Precisamente, la semana pasada, en declaraciones a los periodistas, Caraballo aseguró sentirse "muy tranquilo" y negó su participación en el caso, indicando que sobre el asunto en sí no tiene "nada que decir" y mostrando su deseo de "aclarar su participación porque no he tenido ninguna".

En las citadas grabaciones, según reza en la denuncia, un supuesto intermediario del PSOE y miembro de CCOO "ofreció a Pedro Escalante una concejalía y cobrar por asistencia a juntas de gobierno" y al otro, Francisco Martín, "un puesto de trabajo para su mujer en la empresa Aguas de Huelva", dejando patente que "ésta no debía saber nada".

Ante esta situación, aseguraba el denunciante que se retiró de la reunión mantenida en un bar de Aljaraque y que dos días después recibió una llamada de Escalante informándole "sobre una rueda de prensa y sobre unos cursos de los que podría beneficiarse" el denunciante, momento en el que éste "comenzó a grabar conversaciones telefónicas" al sentirse como "si le estuvieran comprando su voluntad".

De igual manera, señalaba que al día siguiente le comunica a Francisco Martín que "tiene estas conversaciones grabadas pidiéndole que le acompañara a interponer una denuncia, a lo que se negó".

MOCIÓN DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

Por su parte, el PP va a presentar este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Aljaraque una moción en la que solicita que el Consistorio aljaraqueño se persone en las actuaciones penales seguidas por este juzgado.

A juicio del grupo popular, la naturaleza de los delitos investigados, presunto cohecho y tráfico de influencias, y la implicación de, al menos, dos concejales de esta corporación, delitos contra la Administración Pública, "facultan al Ayuntamiento de Aljaraque a personarse en la causa, ya sea con base en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el 110 de la misma Ley".