A Montoro se le acabó la paciencia con el Ayuntamiento de Madrid. Han sido tres los Planes Económicos y Financieros (PEF) presentados por el consistorio y en las tres ocasiones han sido rechazados por el ministerio de Hacienda por incumplir la regla de gasto.

Así que el Gobierno ha dicho que basta. El lunes envió una carta al gobierno de Manuela Carmena para anunciarle que tutelará sus cuentas cada semana a través de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. El Ayuntamiento, desde ahora, deberá enviar un certificado semanal "con las medidas que afecten a gasto o generen recaudación permanente", dice el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

El ministerio aplica así los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permite tomar medidas coercitivas como retener créditos o intervenir las cuentas. Una norma que se creó en 2012, a petición de Bruselas, para embridar el gasto de las administraciones en épocas de crisis y evitar un gasto excesivo en épocas de bonanza para disponer así de un colchón ante futuros escenarios de crisis.

El gasto, según esta ley, no puede aumentar más que el crecimiento potencial de la economía española. "No estamos pidiendo que se reduzca ni que se baje nada, sino que se limite el gasto y se establezcan prioridades", ha dicho el ministro Montoro en los pasillos del Senado.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, defendió ayer que Madrid está "saneada", que tienen más de 1.000 millones de superávit y que ha reducido su deuda en un 40% (unos 2.000 millones) en dos años. No es la opinión del ministerio. "Simple y llanamente las propuestas no cumplen con la ley", dice Fernández de Moya sobre el último plan aprobado en el Pleno con los votos de Ahora Madrid y la abstención de la oposición.

Hacienda estima que el Ayuntamiento parte de una "premisa errónea" en sus cálculos: para determinar el techo de gasto para 2017 y 2018 tomaron como base el gasto ejecutado en 2016 "pese a haber excedido el máximo legal". Ese exceso en 2016 fue de 17 millones y el de los dos años posteriores —que tomaban como base este gasto hinchado—  era de 238 y 244 millones de euros, respectivamente. La lectura de Mato era otra e insistió en presentar un Plan económico contrario a las tesis de Hacienda. La consecuencia ha sido la intervención de las cuentas municipales.

La tutela "durará el tiempo necesario hasta que se garantice el cumplimiento de la ley", explican a 20minutos fuentes del ministerio. En la práctica, sin embargo, se trata de endurecer el control de las finanzas capitalinas. "Los mismos certificados que antes se exigían trimestralmente, ahora se pedirán cada semana", explican las citadas fuentes. Un caso similar al reporte semanal que Hacienda exigía a la Generalitat antes de la celebración del 1-O.

Mato presentó en Pleno el último PEF, pero no acudió a la última reunión con el ministerio para defender sus cuentas. Lo hizo en persona la alcaldesa junto a la interventora madrileña. Un gesto que se interpretó como un desplazamiento de Mato por la regidora para reconducir este asunto y una fricción más entre ambos que se suma a la denuncia de Mato y Mayer contra el Open de Tenis y su destitución como vicepresidente de Madrid Destino.

Tanto PP como Ciudadanos exigen a Carmena que cese a su delegado o forzar su dimisión por la "imagen que se está dando de los madrileños". El portavoz popular en el consistorio, José Luis Martínez-Almeida, dice que actua como un "insumiso legal e institucional" mientras que Begoña Villacís, líder municipal de los naranjas, le acusa de saltarse "de forma deliberada" la regla de gasto por un "duelo al al sol" con Montoro.

Su postura choca con la de socialistas y representantes de Ahora Madrid. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, denuncia el "trato injusto" de Hacienda porque, dice, hay cientos de municipios en la misma situación, por lo que no descarta ningún paso "administrativo, político y judicial". Su homóloga en el PSOE,  Purificación Causapié pidió "recapacitar" el Gobierno por lo que considera "un ataque a los derechos de los madrileños". Los socialistas, por cierto, han pedido la comparecencia urgente de Montoro en el Congreso.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado la intervención de las cuentas madrileñas. "Ayer fue Catalunya, hoy Madrid. El PP usa de forma arbitraria la ley contra adversarios políticos. ¡Hay que pararlos!", ha asegurado en las redes sociales. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ido en el mismo sentido: "Montoro no soporta que los Ayuntamientos cumplan, ahorren y hagan política social y no para los bancos y los amigos del PP".