Podemos pregunta al Gobierno por quejas de militares de San Fernando "obligados" a asistir a una charla religiosa

  • El diputado nacional de Unidos Podemos por la provincia de Cádiz, Juan Antonio Delgado, ha registrado una pregunta al Gobierno a raíz de las quejas de militares del Cefot 2 en San Fernando (Cádiz) por ser "obligados, muchos de ellos, a recibir una charla religiosa, contra su propia voluntad por parte del arzobispo Castrense".
Juan Antonio Delgado, de Podemos, interviene en el Congreso
Juan Antonio Delgado, de Podemos, interviene en el Congreso
EUROPA PRESS
Juan Antonio Delgado, de Podemos, interviene en el Congreso

En la exposición de motivos de la pregunta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Delgado señala que algunos de los militares "obligados" estaban "incluso fuera de su horario laboral".

Asimismo, recuerda que la Constitución Española, en su artículo 16, "garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley". Además, señala que en el punto 2 del mismo artículo "se declara que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".

A juicio del diputado de Unidos Podemos, según expone en la pregunta, "estas prácticas denunciadas en el seno de las Fuerzas Armadas confunden entre atender asuntos propios de la profesión y seguir cumpliendo otras labores demandadas por la tradición católica". En este sentido, ha señalado que "naturalmente no existe tal dualidad y las Fuerzas Armadas se deben exclusivamente a sus cometidos de prepararse para la defensa terrestre, aérea y marítima del país".

Por todo ello, Delgado ha preguntado al Gobierno si "tiene constancia de estas prácticas inconstitucionales en el seno de las Fuerzas Armadas", así como "qué medidas, a la luz de las quejas recibidas, está tomando el Gobierno para garantizar el derecho a la libertad religiosa".

Finalmente, el diputado de Unidos Podemos pregunta al Gobierno "cómo se garantiza que la significación personal, inherente a la participación en actos religiosos por parte de las Fuerzas Armadas dentro de las unidades, no sea empleada en su favor o en contra, y tener influencia sobre su carrera profesional".

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