El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bruselas quedaron a última hora de este domingo en libertad con medidas cautelares impuestas por la justicia de Bélgica, entre ellas la prohibición de salir de ese país sin permiso.

Tras la audiencias celebradas en la sede de la Fiscalía de Bruselas, el juez instructor belga también impuso a los cinco la obligación de comunicar una dirección de residencia fija y asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.

El juez tiene ahora hasta quince días para volver a convocarlos en el tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá sobra la euroorden de entrega que pesa sobre ellos enviada por la justicia española, confirmó la Fiscalía en un comunicado.

Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) se personaron en sede policial en Bruselas a las 09.17 hora local (08.17 GMT) del domingo y prestaron declaración desde primera hora de la tarde.

Alrededor de medio centenar de periodistas esperaban en la puerta de la Fiscalía de Bruselas la salida de la delegación catalana, que se produjo a las 20.00 horas, pero ninguno realizó declaraciones y fueron escoltados en un minibús por la propia Policía de camino al lugar comunicado como residencia y que se desconoce.

Los exmandatarios independentistas se entregaron a la Justicia belga en calidad de detenidos y rechazaron su traslado ante las autoridades españolas, que los reclama por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. La entrega fue "convenida" con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados, precisó la Fiscalía.

El proceso judicial continuará en la Cámara del Consejo de Bruselas, tribunal de instrucción y primera instancia judicial, que dispondrá de un plazo de 15 días para pronunciarse sobre el recurso de los interesados.

La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería, teóricamente, prolongarse un máximo de 60 días, y 30 más en circunstancias excepcionales, recordó el portavoz del Ministerio Público. No obstante, el portavoz había matizado con anterioridad a la decisión del juez que, en caso de que no se ordenara su ingreso en prisión, el plazo podría incluso alargarse más de los citados 90 días.

En ese caso, Puigdemont no sería entregado a España antes del 21 de diciembre, cuando hay convocadas unas elecciones autonómicas en Cataluña a las que pretende concurrir y para las que su partido, el PDeCAT, le ha propuesto como cabeza de lista.

El expresidente se manifestó públicamente por última vez el sábado, a través de la red social Twitter y en neerlandés, con un mensaje en el que se decía "plenamente" dispuesto a colaborar con la Justicia belga.