Los responsables de la Consejería de Educación, Formación y Empleo han mantenido varios encuentros tanto con el presidente de esta organización, Riay Tatary como con su equipo, con quien se mantiene un contacto permanente. El último de ellos se produjo precisamente el pasado mes de octubre y en él participó el propio Tatary y el Director General de Educación, Miguel Ángel Fernández.

El objetivo con el que se trabaja es que el próximo curso 2018-2019 se inicie la impartición de esta asignatura conforme al currículo aprobado a nivel nacional por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con todas las garantías para asegurar que el profesorado cuenta con la formación legalmente exigida.

La previsión es hacerlo de forma progresiva y consensuada con la Unión de Comunidades Islámicas de España, de manera que el próximo curso se pudiera iniciar alguna experiencia piloto en centros educativos riojanos, siempre que se cumpliera el mínimo de alumnos solicitantes exigido en la Ley nacional reguladora de este derecho.

El Gobierno de La Rioja siempre ha reconocido el derecho a la impartición de dicha asignatura conforme a la normativa vigente, tal y como queda acreditado en recientes Resoluciones emitidas al efecto, si bien la dificultad ha radicado en la acreditación por parte de los interesados de estar en condiciones de ejercitar dicho derecho por no estar claro el cumplimiento de los requisitos necesarios.

En el día de ayer se tuvo conocimiento de una sentencia del TSJ de La Rioja en la que establecía la obligación de poner los medios necesarios para que este derecho se hiciera efectivo en un caso particular.

Hace aproximadamente un año, el Gobierno de La Rioja, vio avalada su postura en una sentencia en sentido contrario, lo que da una idea de la dificultad técnica y logística de arbitrar las medidas necesarias para que este derecho se haga efectivo con el rigor suficiente.

Otra dificultad ha estribado, entre otras cosas, en la indeterminación hasta fechas recientes de un interlocutor en La Rioja que contara con representatividad acreditada y que asumiera las obligaciones que conlleva el cumplimiento de la ley.

Aclarado este punto por la sentencia mencionada, el Gobierno de La Rioja muestra la voluntad de cumplimiento de la misma, sin perjuicio de un análisis jurídico más pormenorizado que pudiera conducir a cuantas acciones legales procedan y buscando siempre las máximas garantías y rigor en el ejercicio de los derechos de las personas en su educación.

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