El juzgado número 4 de lo Contencioso-administrativo de Alicante ha declarado nula la decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de cambiar los nombres de las calles franquistas de la ciudad al considerar que la competencia para hacerlo correspondía al pleno, donde están representados todos los grupos políticos, y no a la Junta de Gobierno.

La magistrada alude a que términos como reconciliación, recogidos en la Ley de Memoria Histórica, debían "inspirar todo el proceso de cambio de nombres del callejero municipal, buscando la unanimidad y el consenso entre todas las fuerzas políticas".

De esta forma, la sentencia, de fecha de este viernes y contra la que cabe recurso en el plazo de 15 días, estima el recurso que presentó el grupo municipal del PP en el consistorio contra la decisión del 15 de noviembre de 2016 de cambiar los nombres de calles franquistas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

En su recurso, el PP alegó, entre otras cuestiones, que la decisión debería emanar del pleno y no de la Junta de Gobierno; que no se cumplía con los criterios acordados en la Comisión de Pleno creada al efecto; que se habían cambiado calles no afectadas por la Ley de Memoria Histórica; que se aplicaban respuestas distintas a casos similares y que no se había dado participación a los afectados.

En la sentencia, la juez apunta que la finalidad "evidente" de la Ley de Memoria Histórica y el "espíritu" de la norma queda reflejado en el uso por parte del legislador de términos como "reconciliación" o "concordia", que son los que debían "inspirar todo el proceso de cambio de nombres del callejero municipal, buscando la unanimidad y el consenso entre todas las fuerzas políticas para así cumplir con el mandato legal de cerrar heridas todavía abiertas en los españoles, evitando nuevos cambios en el futuro".

Así, desgrana que los grupos de PSPV, Guanyar y Compromís propusieron en noviembre de 2015 crear una Comisión No Permanente que planteara al pleno al menos un documento "único" con el listado de "calles, símbolos y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar de 18 de julio de 1936, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura franquista" existente en Alicante para su eliminación y cambio por otros nombres

Por ello, en la sentencia se subraya que el pleno se reservó "para sí" la competencia de aprobar la propuesta final de la Comisión y la fijación de los criterios para el desarrollo de los trabajos. Una reserva de competencias, que la juez, entiende "del todo punto coherente" con la Ley de Memoria Histórica.

Frente a ello, el consistorio alegó que, según la Ordenanza Municipal de 2009, la competencia para la asignación de nombres de calles corresponde a la Junta de Gobierno.

Sin embargo, señala la resolución que esos "preceptos" no son aplicables a la Ley de Memoria Histórica en tanto que no se refieren a dar un nombre a un calle o una rotonda "de nueva creación" o a un "cambio ordinario", si no a una ley estatal "de especial calado y trascendencia política".

Por ello, razona que es el pleno donde "están representadas todas las fuerzas políticas" el órgano competente para la adopción del acuerdo y recalca que así se entendió en un primer momento y que después, en octubre de 2016, fue la Concejalía de Memoria Histórica quien "acordó alterar tal criterio competencial" hacia la Junta de Gobierno.

"APROBARLO POR LA PUERTA DE ATRÁS"

El portavoz del PP en el consistorio de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado, tras conocerse esta resolución que la sentencia les da la razón porque el tripartito en el Ayuntamiento debió de llevar la cuestión del cambio de nombres de calles franquistas al pleno en lugar de aprobarlo en la Junta de Gobierno, y les ha acusado de darle luz verde "por la puerta de atrás".

"El tripartito trató de hurtar el debate sobre el cambio de calles al pleno, donde estamos todos y aprobarlo por la puerta de atrás ellos solos", ha dicho, y ha añadido que, en un tema "tan delicado", "usar el rodillo es algo que no podíamos permitir y por eso pusimos la demanda".

Barcala espera que el tripartito aborde ahora esta cuestión "con el respeto a la ley y los acuerdos del pleno" y que empiece "de cero haciendo las cosas bien".