Paso a nivel Santiago el Mayor. Soterramiento. Ferrocarril
Paso a nivel Santiago el Mayor. Soterramiento. Ferrocarril EUROPA PRESS

En concreto, la Plataforma pide en su escrito al Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, que investigue si López Miras y Ballesta habrían incurrido en un delito de prevaricación ambiental en su modalidad omisiva junto con el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro Corchón; el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera; y el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán.

En concreto, la Plataforma recuerda en su escrito que las obras de para la entrada provisional del AVE en superficie en la estación de Murcia El Carmen "carecen de Declaración de Impacto Ambiental", como asimismo reconoce el Ayuntamiento de Murcia en el Informe de sus Servicios Jurídicos de fecha 24 de julio de 2015 donde especifica que la obra "no cumple con los requisitos legales a nivel urbanístico y ambiental".

Según la Plataforma, de las referidas circunstancias "son perfectamente conocedores" Ballesta y Navarro Corchón, dado que "ambos forman parte del Pleno del Ayuntamiento de Murcia que decidió en su momento promover un recurso de revisión ante el Ministerio de Fomento y que tras la desestimación por silencio administrativo del mismo, en la actualidad se encuentra sustanciado ante la Audiencia Nacional".

En concreto, ha recordado que este recurso se encuentra ante la Sala de Lo Contencioso Administrativo del referido órgano judicial "sin que se haya solicitado, creemos, en el procedimiento medida cautelar alguna destinada a tutelar el interés urbanístico y ambiental que se vulnera por la actuación en vía de hecho de ADIF y ALDESA".

La Plataforma considera que situación se "desconoce de manera deliberada" también por los tres presuntos responsables políticos regionales, López Miras, Rivera y Celdrán, cuando "son conocedores de su necesidad y de la actuación de distintos órganos del Gobierno regional en la Declaración de Impacto Ambiental que se elaboró en 2009 para el proyecto de soterramiento".

Por todo ello, la Plataforma estima que los presuntos responsables incurren en una presunta prevaricación omisiva "por el hecho de permitir" las obras, "y no impedir su ejecución". Y es que, añade, "por su no hacer no se toman medidas tendentes a la preservación de la legalidad urbanística y ambiental dado que la ejecución material excede su título legitimador la Declaración de Impacto Ambiental de 2009

En concreto, critica que el proyecto excede la Declaración de Impacto Ambiental porque es un proyecto "ex novo", en especial "por la instalación de la catenaria, y además que se encuentra caducada por no haberse adaptado la misma a la normativa actual vigente".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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