Acompañado de la portavoz del Ejecutivo riojano, Begoña Martínez Arregui, ha señalado que la gestión de la asistencia jurídica gratuita "es de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas que tienen la competencia de Justicia", que en el caso de La Rioja se hizo efectiva el 1 de enero de 2011 mediante Real Decreto 1800/2010, de 30 de diciembre.

Con ello "se garantiza que las personas puedan litigar en condiciones de igualdad con independencia de los recursos económicos de los que dispongan, de forma que los más desprotegidos pueden acceder a los servicios profesionales necesarios y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos".

Hasta este momento, en La Rioja el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita ha estado regulado por la Ley Estatal 1/1996 y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.

El Decreto aprobado regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita en La Rioja, de acuerdo con la normativa estatal, así como la organización y funcionamiento de los órganos que intervienen en el mismo, y el procedimiento para compensar económicamente las actuaciones profesionales de los abogados y procuradores.

Según ha detallado Escobar, los objetivos de este Decreto son proteger y mejorar el derecho a la tutela judicial efectiva; garantizar el adecuado acceso a la justicia para aquellos que puedan tener mayores dificultades económicas; y en tercer lugar compensar adecuadamente, a los que de una manera directa, soportan y hacen posible el acceso de esas personas a la Justicia, como son abogados y procuradores".

En este sentido, ha subrayado que "en el nuevo Decreto se actualiza y se mejora al alza el importe de los módulos de compensación que percibirán los Colegios de Abogados y Procuradores de La Rioja por las actuaciones que realizan". El Gobierno riojano reconoce el imprescindible trabajo que llevan a cabo estos profesionales adscritos a este servicio público esencial para garantizar la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos al margen de su capacidad económica.

ALGUNAS TARIFAS

Así, por ejemplo, en la propuesta planteada y aceptada por el Colegio de Abogados, un expediente por Juicio por delitos leves se venía abonando con 70 euros, mientras que con el nuevo reglamento se pagarán 100 euros, un 42,9 por ciento más.

Otros casos en la Jurisdicción penal, Asistencia al detenido (Guardia 24 horas), hasta ahora se abonaba 114,19 euros, con la nueva propuesta se abonarán 120 euros, el 5,1 por ciento más. Un juicio completo de familia se abona 200 euros, con la propuesta serían 250 euros (un 25 por ciento más). Un recurso de apelación civil, hasta ahora se abonaba 102,17 euros, ahora 150 euros lo que implica un 46,8

por ciento.

Así existen ejemplos en todas las jurisdicciones o nuevas actualizaciones como los recursos en vía administrativa en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procedimiento sumario en la jurisdicción penal, concurso de acreedores, y también se actualizan la compensación económica a procuradores, con incrementos de hasta el 66 por ciento más.

Con este aumento y actualización de baremos, el Gobierno de La Rioja cumple el compromiso adquirido con los colegios oficiales de Abogados y Procurados de mejorar la retribución de estos profesionales en el ejercicio de la función encomendada en el artículo 119 de nuestra Carta Magna.

Actualmente hay 218 abogados adscritos al Turno de Oficio (118 hombres y 100 mujeres); 176 abogados adscritos a la Asistencia Letrada al Detenido (94 hombres y 82 mujeres); y 106 abogados adscritos al Turno de violencia de género (50 hombres y 56 mujeres).

En 2016, la Comisión de Asistencia Jurídica de la Rioja aprobó 3.363 solicitudes de asistencia legal gratuita. Más de la mitad, correspondían a casos de orden penal, mientras que casi el 40 por ciento se correspondía con cuestiones de orden civil. Además, se atendieron 1.073 consultas informativas, de las cuales, 794 se realizaron vía telefónica y 279 de forma presencial.

El Gobierno riojano dedicó 898.904 euros para garantizar la prestación de este servicio. Esta cantidad se destina fundamentalmente a retribuir las actuaciones profesionales que lleven a cabo los abogados y procuradores colegiados relacionadas con el turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, violencia doméstica y gastos de infraestructuras justificados, cuando tienen como destinatarios a quienes han obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.