La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional para el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y siete de los exconsellers que han acudido este jueves ante el tribunal para declarar en la causa del proceso independentista de Cataluña. Ha basado su decisión en el riesgo de fuga y la reiteración delictiva.

Para el octavo exconseller, Santiago Vila, sin embargo, ha dictado prisión eludible con fianza de 50.000 euros. La magistrada atiende así de forma escrupulosa a la petición de la Fiscalía. Mientras estos nueve exmiembros del Govern cumplían con la citación por rebelión, sedición y malversación, Carles Puigdemont y cuatro exconsellers - Clara Ponsatí, Antoni Comin, Meritxell Serret y Lluís Puig- se han quedado en Bruselas.

Lamela señala en su auto la "gravedad" de los delitos que se atribuyen a los investigados y dice que estos "urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Omnium)" que llevó a la celebración del 1-O y a la declaración de independencia.

El auto explica, asimismo, que las defensas han dicho ante la jueza que sus representados "no están de acuerdo con la violencia y que no han propugnado actos violentos". Pero la magistrada señala que "olvidan" que todos ellos fueron los urdidores del "movimiento" y que bajo su mandato en el Govern "consintieron y apoyaron" actividades entre las que hubo "movilizaciones tumultuarias organizadas".

Lamela afirma, en este sentido, que el papel de los querellados ha sido muy importante en los hechos, ya que, si no hubieran tenido sus cargos, el proceso indepenentista no habría tenido "impulso". Les atribuye el incumplimiento de resoluciones del TC durante dos años.

También destaca su "poder adquisitivo", ya que "les permite abandonar fácilmente el territorio español". Y es en este punto en el que recuerda que "otros querellados", es decir, Carles Puigdemont y cuatro exconsellers, "ya se han desplazado a otros países" eludiendo "responsabilidades penales". La jueza cree, asimismo, que hay riesgo de destrucción de pruebas y reiteración delictiva.

En un primer momento se informó de que Junqueras y Forn irían a Estremera; Jordi Turull y Raül Romeva, a Valdemoro; Josep Rull, a Navalcarnero; Carles Mundó y Santi Vila, a Aranjuez; y Dolors Bassa y Meritxell Borras, a Alcalá Meco.

Sin embargo, después el Ministerio del Interior ha decidido agrupar en las prisiones de Estremera y Alcalá Meco a los nueve exconsejeros. La decisión se ha adoptado por "motivos organizativos" tras la autorización de la magistrada Lemela, y con la intención de facilitar la asistencia de las defensas.

De esta forma, las exconsejeras de Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa y de Agricultura, Ganadería y Pesca Meritxell Borrás seguirán en Alcalá Meco. Los otros consejeros, todos varones, harán lo propio en Estremera, el centro penitenciario más moderno de los que dispone la Comunidad de Madrid.

Todos los exconsellers que han declarado se han negado a contestar a las preguntas del fiscal, salvo Santi Vila, que sigue otra estrategia legal. Así, en la vistilla de medidas cautelares posterior a las declaraciones, la Fiscalía decidía pedir prisión sin fianza para todos los querellados salvo para él.

Los primeros en declarar han sido los cinco exconsejeros del PDeCAT -Jordi Turull, Josep Rull, Santi Vila, Meritxell Borrás y Joaquim Forn- y todos ellos, menos Vila, han accedido a contestar solo a su abogado. Vila ha estado asistido por otro letrado, Pau Molins (el mismo que representó a la infanta Cristina en Nóos), y sí ha respondido a las otras partes, incluido el fiscal, por lo que su declaración se ha extendido durante 45 minutos.

Luego han comenzado sus comparecencias los cuatro citados restantes, de ERC o su entorno: el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa. Han estado representados por el abogado Andreu Van den Eynde, que se ha trasladado a la Audiencia Nacional desde el Tribunal Supremo, donde ha asistido también esta mañana a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El exvicepresidente Oriol Junqueras ha sido el más madrugador y ha llegado al tribunal a las 8.10 horas, mientras que los otros ocho exconsejeros lo hacían poco antes de las nueve entre gritos de "viva España", "viva la Guardia Civil" y "viva la Policía", a la vez que recibían aplausos de compañeros y gritos de ánimo de compañeros del PDEcat.

La exconsejera Meritxell Borrás, que el miércoles se encontraba en Bélgica junto a Puigdemont, ha dado la sorpresa acudiendo a esta cita en la Audiencia Nacional. Los exconsejeros llegaban todos juntos a excepción de Vila -quien dimitió antes de la declaración de independencia- que lo hacía junto a su abogado Pau Molins, y ha sido el único al que los congregados del PDEcat no han jaleado a su llegada a la Audiencia Nacional.

Entre los congregados para mostrar su apoyo a los citados se encontraban, además de Artur Mas, Joan Tardá y Albano Dante Fachin, varios diputados del PDeCAT como Carles Campuzano y Jordi Xuclá, entre otros. También ha podido verse al exdirector de la Mossos d'Esquadra Pere Soler.

El plante de Puigdemont y de otros excuatro consejeros puede también llevar a la juez a dictar órdenes europeas de detención contra ellos para que sean puestos a disposición de la Justicia. Es lo que ha pedido la Fiscalía pasadas las 15.30 horas de este jueves.

Este jueves también comenzaban las declaraciones de los miembros de la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo, que finalmente las ha suspendido hasta el día 9 de noviembre a petición de las defensas, que han solicitado más tiempo y han alegado indefensión.

Sobre las 9,15 horas, han entrado juntos en el Tribunal Lluís María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Forcadell ha llegado minutos después en coche oficial y con chófer, acompañada por su abogado, Andreu Van den Eynde, que es el mismo que el del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras.