Así lo ha indicado en una nota la concejala socialista Matilde Cruz, tras la reunión que, junto a la viceportavoz del grupo municipal, Mercedes Gámez, y el edil Carlos Alberca, ha mantenido este martes con representantes sindicales y miembros del comité de empresa, a los que han mostrado su solidaridad.

Y es que, según ha dicho, es "de todo punto injustificado" que los responsables de Castillo afirmasen en la pasada reunión de la Comisión de Control de Empresas Concesionarias que los tornos de los autobuses urbanos se instalaron como medida de control hacia los propios trabajadores.

"Entendemos que con esa afirmación se pone en duda la honradez de los empleados, de gente que trabaja de cara al público y, si la empresa se ve ahora entre la espada y la pared porque se cuestiona la seguridad para el viajero de estos tornos, ésta no era la salida más adecuada", ha destacado. Al hilo, ha dicho entender que "haya podido tener algún problema puntual con algún trabajador pero es inadmisible el todo por la parte" y que "paguen justos por pecadores".

Cruz ha explicado que los empleados tienen "un gran malestar por la imagen que se ha dado de ellos a raíz de esta situación", punto en el que ha añadido que, además, "son gente que a diario lidia en primera persona con las críticas que los usuarios hacen por la mala calidad" del servicio de autobús urbano.

"Casi siempre son el blanco de las quejas hacia la gestión que la empresa hace del transporte público, motivo por el cual entendemos que Castillo debería cuidar estas salidas de tono", ha manifestado.

Por otra parte, insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento "ponga los puntos sobre las íes" en las cuentas de Castillo y realice la auditoría del servicio que lleva pendiente más de un año. A su juicio, "uno y otra se chotean de los vecinos de Jaén cuando no quieren transparencia sobre lo que cuesta el servicio de transporte urbano".

Y es que, según ha lamentado la concejala socialista, "no es normal que sea una empresa privada la que eche las cuentas de una concesión pública" y que el Consistorio "se las acepte sin cuestionarlas como si se tratase de un dogma de fe".