La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido este martes la querella de la Fiscalía General del Estado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los 13 exconsellers de su Govern, a los que cita a declarar para los próximos 2 y 3 de noviembre, según han informado fuentes jurídicas.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto en el que se declara competente para investigar la querella de la Fiscalía General del Estado y en el que acuerda estas primeras diligencias, es decir, la citación de los 14 querellados esos dos días, a las 9 de la mañana, y también la celebración de una vistilla de medidas cautelares tras su declaración.

Lamela se ha hecho cargo de la querella por conexión con la causa que tiene abierta por sedición y que hasta ahora cuenta con cuatro investigados: el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, estos dos últimos en prisión preventiva desde el 16 de octubre.

En su auto, Lamela precisa que los 14 declararán como investigados y también a los efectos de celebrar vistillas de medidas cautelares de carácter personal, en las que la Fiscalía puede pedir medidas como la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas en el juzgado o su ingreso en prisión preventiva.

Asimismo, ha dado un plazo de tres días al expresidente Puigdemont y a los otros 13 exconsejeros del Govern para depositar una fianza de 6.207.450 euros. La juez atiende así a la petición de la Fiscalía y fija esa fianza en el auto en el que cita a declarar a Puigdemont y a los trece integrantes del Govern ya cesado. La magistrada les advierte de que deberán depositar la fianza en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no lo hacen.

Además, ordena incorporar a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament de Cataluña en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

En su auto, Lamela explica que, conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado. Por ello, encaja estos hechos en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, competencia de la Audiencia Nacional.

La magistrada recuerda que "la admisión a trámite de una querella no constituye, todavía y en todo caso, un acto de imputación judicial", cosa que no ocurre hasta "la comprobación de la existencia de datos que avalen la realidad de los hechos imputados".

De una manera inicial, la juez concluye que los querellados "urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre".

Según Lamela, en la querella del fiscal se exponen de manera "seria, racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación". Por ello, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente pueda otorgarse, la juez admite la querella en los términos planteados por la Fiscalía.

Procede además a incorporar la querella a la causa donde ya investiga por sedición a los presidentes de ANC y Òmnium, teniendo en cuenta que los hechos "se encuadran dentro de todo el proceso secesionista que se describe en el escrito de querella y que las personas investigadas en los mismos formaban parte de las estructuras básicas integradas en esa estrategia diseñada y ejecutada por los ahora querellados".

El Ministerio Público presentó este lunes dos querellas: una en la Audiencia Nacional contra el Govern cesado el viernes pasado, pues ya no son aforados, y otra en el Tribunal Supremo contra los seis miembros de la Mesa del Parlament, que continúan aforados por formar parte todavía de la Diputación Permanente de la Cámara.

El Supremo también se ha declarado este martes competente para investigar por estos hechos a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa, que también han sido citados a declarar el próximo jueves y el viernes.

El fiscal considera en su querella que la Audiencia Nacional es competente para investigar a los 14 exmiembros del Govern porque las conductas que se denuncian en el escrito son "constitutivas de un delito de rebelión, o cuanto menos de sedición", por ir "contra la forma de Gobierno".

"Los delitos objeto de la querella, considerados como rebelión, o en cualquier caso, sedición, tienen su cabida en el concepto de delitos contra la forma de gobierno, en tanto que los querellados actúan con el objeto de preparar y celebrar un referéndum para conseguir, como finalidad última, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que con ello contravienen la Constitución y de que actúan en abierta oposición al orden jurídico en su conjunto y a las resoluciones judiciales", explica.

Tanto el escrito presentado en la Audiencia Nacional como el del Tribunal Supremo reclaman la citación, "con carácter urgente", de los 20 querellados a los efectos de valorar por los jueces instructores la adopción de medidas cautelares de carácter personal "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegaliad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas". En caso de incomparecencia, piden su inmediata detención.