Los secretarios generales regionales de UGT, Antonio Jiménez, y de CCOO, Santiago Navarro, han pedido a los partidos políticos con representación en la Asamblea Regional que apoyen el modelo híbrido de licencia condicionada para la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), "a caballo entre la concesión administrativa y la liberalización", con el fin de acabar con la "incertidumbre" de los trabajadores del sector después de seis meses de "conflicto".

En una rueda de prensa, ambos representantes sindicales han reconocido que no es la fórmula idónea para ellos, ya que apostaban desde el principio por la gestión "directa y pública del sector", pero creen que "concilia todos los intereses en juego", respetando los "derechos de los trabajadores y un servicio de calidad que vele por la seguridad vial y el respeto al medio ambiente".

En este sentido, ambos sindicatos piden que se deje de usar a los trabajadores como "moneda de cambio" en la relación de "amor-odio" entre el PP y Ciudadanos a la hora de negociar los Presupuestos de la Comunidad para 2018 y el cumplimiento de las enmiendas planteadas por la formación naranja en 2017.

Para tratar de desbloquear la situación, han anunciado que se van a reunir este jueves, a partir de las 18.30 horas, con los responsables del PSOE-RM, con el fin de lograr su apoyo al modelo híbrido, a pesar de que tampoco era el sistema de concesión que los socialistas defendían desde el principio.

"Si hay respaldo del PSOE, el Gobierno regional tiene que llevar el acuerdo de inmediato a la Asamblea Regional", según Navarro, quien espera que los socialistas den su visto bueno al modelo híbrido porque "respeta los derechos de los trabajadores", a pesar de que no estén de acuerdo con el control que pueda ejercer el Gobierno regional sobre el servicio.

ORIGEN DEL "CONFLICTO"

Jiménez ha recordado que el conflicto se encuentra en "dejación regulatoria" por parte de la Comunidad, debido a que "los sucesivos gobiernos regionales que en 14 años no han clarificado el modelo de ITV". En todo ese tiempo, recuerda que han convivido varios modelos, como el "autorizatorio, la gestión directa y el concesional".

Jiménez ha recordado que las concesiones se extinguieron a principios del pasado mes de septiembre y la situación sigue todavía "sin resolverse", lo que achaca no sólo a la "dejación" por parte del Gobierno regional, sino también a su "desorientación política y técnica" que ha llevado a tener "tres regímenes jurídicos distintos en tres meses".

En primer lugar, el secretario general de UGT ha recordado que el Gobierno regional propuso un decreto ley que hacía volver el régimen de concesión administrativa tras un acuerdo con las organizaciones sindicales que permitía "garantizar los derechos sociales y laborales de las 230 familias afectadas".

El Gobierno regional y los sindicatos firmaron este acuerdo el pasado 3 de agosto, pero la propuesta fue derogada por la Asamblea Regional en un trámite parlamentario "inaudito", según Jiménez, quien recuerda que "no es habitual" que se deroguen los acuerdos. "Nos sentimos engañados porque pensábamos que tenía respaldo", ha destacado.

La derogación de este acuerdo trajo consigo otro borrador de proyecto de decreto que conllevaba, según Jiménez, una "liberalización y desregulación inadmisible" del sector. Además, ha criticado que esta segunda propuesta "no respetaba" los términos del acuerdo firmado con los sindicatos.

En ese momento, los sindicatos CCOO y UGT hicieron saber al Gobierno regional que la experiencia "liberalizadora" aplicada en otras comunidades autónomas "ha sido negativa", ya que "se impone una lógica mercantilista" que "hace aumentar el precio de las ITV por el exceso de oferta".

Este modelo, según Jiménez, lleva emparejado también una "ausencia de planificación" por parte de los gobiernos debido a la "falta de control" sobre el servicio y "también se produce un desequilibrio, ya que hay algunos territorios muy apetecibles para las empresas y otros que nadie quiere por falta de demanda".

Además, Jiménez ha lamentado que este modelo conlleva una "merma en la calidad del empleo". Por todo ello, UGT y CCOO mostraron su oposición al mismo y respaldaron la huelga de los trabajadores, que se está llevando a cabo desde el pasado 2 de octubre de forma "intermitente" pero que será "indefinida" a partir de este jueves, 2 de noviembre.

Después del intento fallido de implantar el modelo "liberalizador", ahora "nos encontramos en una nueva negociación de un borrador de proyecto de ley que plantea la fórmula híbrida de licencia condicionada, a caballo entre la concesión administrativa y la liberalización del sector", tal y como ha señalado.

Jiménez ha recordado que este modelo ha recibido el respaldo del 75 por ciento de los trabajadores del sector constituidos en asamblea y los sindicatos creen que "puede conciliar" las posturas de todos los agentes implicados, con un servicio "correcto" y respetando los derechos de los empleados.

Además, Jiménez ha subrayado que esta propuesta mantiene la gestión directa de la estación de ITV de Alcantarilla, al tiempo que el Gobierno regional conserva la posibilidad de replantearse el modelo y recuperar en un futuro la gestión directa del servicio.

El Gobierno regional ha transmitido a CCOO y UGT que "existe apoyo parlamentario suficiente" para sacar adelante este acuerdo, pero los sindicatos advierten que "no es así" porque Ciudadanos "está en otra línea". Por ello, tanto Jiménez como Navarro dicen sentirse "engañados" por este segundo acuerdo negociador "fallido".

Ante todas estas "maniobras políticas fallidas" que "dejan de lado" a las 230 familias afectadas, los dos sindicatos dicen verse obligados a "intensificar las movilizaciones" y han corroborado la huelga con carácter indefinido a partir de este jueves, 2 de noviembre.

LOS "RESPONSABLES" DE ESTA SITUACIÓN

Tanto CCOO como UGT hacen "responsable" de esta situación y del incumplimiento de los dos acuerdos tanto al Gobierno regional como al PP. Asimismo, extienden la responsabilidad a Ciudadanos, por "querer practicar con este sector un liberalismo salvaje" que "conlleva un perjuicio al servicio".

En este sentido, Jiménez cree que la Región "necesita una ley que permita el control de la actividad, sin liberalización a la fuerza y que respete los derechos de los trabajadores". Por eso, ha pedido al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y a los partidos con representación en la Asamblea Regional que "busquen de una vez una salida a este conflicto".

Por su parte, Navarro ha ratificado que el Gobierno regional tiene la "responsabilidad principal" de lo que está pasando y de que los trabajadores "estén perdiendo poder adquisitivo por la movilización que comenzó el 2 de octubre con la huelga". Asimismo, hace al Ejecutivo responsable de "las colas en la ITV y de los accidentes que pueda haber por la mala gestión".

A este respecto, ha recordado que López Miras les transmitió la semana pasada que iba a iniciar negociaciones con otros partidos, pero los sindicatos no tienen constancia de que el Gobierno regional haya hablado con Ciudadanos para tratar de alcanzar un acuerdo. A su juicio, esto demuestra la "inoperancia de un Ejecutivo gobernado por cuatro diputados regionales de Cs".

Además, lamenta que los diputados regionales de la formación naranja, que están boicoteando "a conciencia" el acuerdo, se jactan en público de que "gracias a ellos se ha regulado el sector de forma automática y que hay liberalización absoluta". Navarro ha señalado que esta situación va a generar "que bajen los niveles de exigencia en el servicio, lo que puede provocar más accidentes".