Los responsables de la empresa Catering Brens, que actualmente opera con una nueva marca, prevén interponer durante las próximas semanas una "demanda" judicial para reclamar una indemnización de aproximadamente ocho millones de euros, por los "daños y perjuicios" derivados del conflicto relacionado con el servicio que le fue encomendado para gestionar durante el anterior curso escolar los comedores de diferentes centros educativos de Sevilla.

Hablamos del conflicto vivido el pasado otoño de 2016 en torno a los servicios de comedor contratados por la Consejería de Educación a Catering Brens, para diversos centros educativos de la provincia de Sevilla. Las incidencias arrancaron al comenzar el curso escolar, al ser registrado un retraso en los servicios a prestar en varios de los comedores escolares, toda vez que después fueron trascendiendo quejas de varias asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) respecto a los servicios de dicha empresa.

Las principales denuncias públicas procedían de la escuela infantil El Carmen de Tomares, en la comarca del Aljarafe, toda vez que la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) de Sevilla precisaba a finales de noviembre que la empresa acumulaba "casi tres meses continuados de deficiencias e irregularidades".

La Consejería de Educación, de su lado, exponía que merced a tales incidencias, había abierto cuatro expedientes informativos contra Catering Brens con sanciones por un importe total de 20.204 euros.

La situación tocó techo a finales de noviembre, cuando la Consejería de Educación anunció su decisión de "rescindir" el contrato encomendado a Catering Brens para los comedores escolares de varias decenas de centros de la provincia. La Administración educativa, por cierto, anunciaba dicha decisión precisamente después de que la AMPA y la dirección de la escuela infantil El Carmen de Tomares denunciasen una nueva y supuesta incidencia.

En dicha escuela infantil de Tomares, según la Administración educativa, "no se pudo servir el primer plato del menú por no haber sido regenerado correctamente en el horno", toda vez que según relataban los padres de los alumnos, la propia directora del centro y una "inspectora" de la administración habrían resuelto que dicho plato, una sopa, "no se podía servir porque estaba agria".

"PERSECUCIÓN MEDIÁTICA"

Por aquel entonces, José Manuel Saborido, director gerente de Catering Brens, lamentaba lo sucedido y alegaba que su empresa había sido sometida a "excesiva fiscalización y una persecución mediática que no hay proyecto empresarial que soporte". En cualquier caso, después de que la Consejería de Educación anunciase la "rescisión" del contrato adjudicado a Catering Brens para los citados comedores escolares, fue la empresa Aramark la que continuó prestando dicho servicio.

Y ahora, aproximadamente un año después de aquel conflicto, José Manuel Saborido ha manifestado a Europa Press que a lo largo de las próximas semanas, prevé presentar "una demanda" judicial para reclamar aproximadamente medio millón de euros por los "daños y perjuicios" sufridos por Catering Brens a cuenta de los acontecimientos.

Porque según defiende, después de contar con tres certificados de calidad de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y ser un "referente" en el sector, la "campaña de difamación" sufrida por Caterings Brens ha dado al traste con el proyecto empresarial. "Se han cargado una empresa", ha lamentado, recordando que tras aquel conflicto, la empresa "comenzó a perder en masa los contratos" y experimentó una drástica caída en su facturación.

Las pérdidas sufridas, según ha precisado, rondan los ocho millones de euros, precisamente la cuantía que se reclamará a través de una "demanda" dirigida contra la directora de la escuela infantil El Carmen de Tomares y contra la Junta de Andalucía de manera subsidiaria.

DESDE EL PRINCIPIO

Y es que Catering Brens acusa a la directora del citado centro de actuar expresamente contra la empresa, al haber mostrado desde el comienzo su "disconformidad" con que Catering Brens gestionase el comedor escolar del citado centro y de haber "cerrado cuatro veces" el comedor durante un periodo de apenas 15 días, generando "una alarma social" que por "efecto contagio" habría derivado en una "mala imagen" de la empresa en el resto de centros educativos en los que prestaba servicios.

En ese sentido, los responsables de Catering Brens acusan a la directora de esta escuela infantil de promover adrede diferentes acontecimientos en los que habría sido puesto en tela de juicio "el buen hacer" de la empresa. Por ejemplo, la acusan de haber "accedido a las cámaras frigoríficas" del comedor escolar y haber "extraído todas las tortillas y dietas" para ponerlas después en una mesa con un cartel con la leyenda "para tirar", pese a carecer de carné de manipulador de alimentos ni contar con titularidad alguna sobre tales alimentos.

Los responsables de la empresa, a lo largo de diferentes denuncias elevadas a la Administración educativa, expusieron ya por aquel entonces que "el acceso de personas no autorizadas" a las cocinas del comedor de la escuela infantil El Carmen ocurría "a diario", detallando diferentes "incidentes" en los que habría estado involucrada la directora del centro, a la que acusan de "premeditación" en sus actuaciones.

LOS DOCUMENTOS DE LA JUNTA

La empresa, además, esgrime un documento de la Agencia Pública de Educación según el cual la firma del contrato adjudicado a Catering Brens para los lotes 52 y 54 de comedores escolares fue formalizada el 21 de septiembre de 2016, toda vez que el curso escolar había arrancado el día 12. Así, los responsables de Catering Brens avisan de que pese a haber formalizado toda la documentación para comenzar a operar en los citados comedores escolares, la Administración les habría instado a operar sin estar firmado el correspondiente contrato.

Por último, José Manuel Saborido señala un documento de la misma entidad pública recogido por Europa Press que autoriza "la cesión" a Aramark del contrato de Catering Brens, para defender que dicho contrato nunca le fue rescindido a su empresa. "La Junta de Andalucía nos presionó para que vendiésemos el contrato, porque en el caso contrario lo resolverían" y se incautaría de los avales, expone el director gerente de Catering Brens.

Respecto a los expedientes sancionadores incoados por la Consejería de Educación contra Catering Brens, Saborido ha confirmado que "son ciertos", pero los ha encuadrado en incidencias de carácter menor asociadas con el "día a día" de los comedores escolares. "Se han cargado Catering Brens, ha insistido reiterando que la empresa elevará el asunto a los tribunales, en demanda de una indemnización de unos ocho millones de euros.

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