El cerebro de la Púnica declara esta semana ante el juez tras su arrepentimiento

  • David Marjaliza salió de la cárcel en diciembre de 2016, tras confesar durante una larga declaración de 13 horas en 3 días consecutivos.
  • Esta semana dará detalles sobre las comisiones que se pagaron a diversos alcaldes de la Comunidad de Madrid a cambio de contratos con la empresa Cofely.
  • La mayor mordida (500.000€) se la llevó el exalcalde de Parla (PSOE), al que siguió el de Collado Villalba (PP) con algo más de 200.000€.
  • En una declaración posterior, Francisco Granados afirmó que su socio mentía "de la 'a' la 'z'" con tal de "encubrir" a sus "cómplices" y a su familia.
El empresario David Marjaliza, presunto cerebro de la trama 'Púnica'
El empresario David Marjaliza, presunto cerebro de la trama 'Púnica'
EUROPA PRESS
El empresario David Marjaliza, presunto cerebro de la trama 'Púnica'

El empresario arrepentido del caso Púnica, David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados, declarará esta semana tres días ante el nuevo juez de la causa, Manuel García Castellón, por una de las piezas en las que está dividida.

Según han informado fuentes jurídicas, esta es la primera de una tanda de declaraciones que hará Marjaliza ante el juez de la Audiencia Nacional, una vez se ha levantado el secreto de toda la causa. En este caso, está citado el lunes a partir de las 15.00 horas y el martes y jueves a partir de las 16.00 horas.

El exsocio de Granados salió de la cárcel en diciembre de 2016 tras confesar durante una larga declaración de 13 horas en 3 días consecutivos, y dará esta semana detalles de la pieza sobre la empresa Cofely a García Castellón, que instruye este caso desde que Eloy Velasco dejara el juzgado central 6 de la Audiencia Nacional el pasado junio.

Marjaliza ya habló al juez Velasco de la empresa en su declaración de diciembre y entonces afirmó que la trama Púnica pagó comisiones de todo tipo a alcaldes de la Comunidad de Madrid a cambio de contratos de eficiencia energética con Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez.

El considerado cerebro de la red mafiosa afirmó que la empresa recibió adjudicaciones a cambio de comisiones, que variaron entre los 500.000 y los 2.000 euros, a alcaldes de una decena de municipios del PP y del PSOE.

La mayor mordida (500.000), afirmó el empresario, se la llevó el exalcalde de Parla (PSOE) José María Fraile, al que siguió el de Collado Villalba (PP) Agustín Juárez (algo más de 200.000).

En Parla se pagó un total de 500.000 euros en un año que fueron abonados directamente al jefe de gabinete del alcalde, Antonio Borrego, dinero que, según Marjaliza, era "en teoría para el alcalde" o "para el partido". "Me imagino que cada uno cogería una parte", puntualizó a preguntas del juez.

Otro de los municipios que más dinero recibió por un contrato con Cofely fue el de Collado Villalba con Agustín Juárez (PP) en la alcaldía, que si bien iba a beneficiarse con una "mordida" de 400.000 euros, finalmente solo recibió algo más de la mitad.

Este asunto, según Marjaliza, lo gestionó el directivo de Cofely, Pedro García Pérez, también imputado en esta causa, y fue quién le contó que el dinero lo recogía un tal Víctor de un periódico, método que el cerebro de Púnica lo justifica señalando: "Todo el mundo se trata de proteger con alguien de su confianza", dijo.

En una declaración posterior, Granados contestó a las acusaciones de Marjaliza y afirmó que su socio mentía "de la 'a' la 'z'" en una confesión en la que se dedicó a "encubrir" a sus "cómplices" y a su familia y a intentar "inculpar a todos los políticos".

La intención de la Fiscalía Anticorrupción, tras el levantamiento del secreto de sumario, es pedir la citación de Marjaliza en todas las piezas del caso para que vaya concretando su versión sobre la actividad de esta trama liderada supuestamente por Francisco Granados.

El primer juicio contra Granados por este caso se celebrará el próximo día 14 de noviembre, concretamente por la pieza sobre el chivatazo de la operación policial que le llevó a prisión, en el que se enfrenta a un petición fiscal de 3 años de cárcel.

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