La Guardia Civil investiga desde principios de este año los contratos que desde 2012 ha suscrito la Generalitat con 17 empresas y que podrían haber estado dirigidos a sentar las bases para crear los servicios de inteligencia de un futuro Estado catalán independiente.

Así figura en un informe del Instituto Armado fechado el 7 de marzo de este año, al que ha tenido acceso Europa Press, y que remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional al apreciar posibles delitos de sedición, malversación de caudales públicos y/o desobediencia en estas actividades.

El Ministerio Público, a su vez, envió los requerimientos de información a las 17 empresas y toda esta documentación fue incorporada el 24 de septiembre pasado al sumario de la causa que instruye el juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, sobre la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

En este sentido, la Guardia Civil ya detectó en julio pasado que varios cargos de la Generalitat catalana guardaban muchas medidas de seguridad en sus desplazamientos, procurando que no les siguieran, e incluso puso en conocimiento del juez sus sospechas de que uno de ellos, Josué Sallent, podía contar con contra vigilancia de la Generalitat de Cataluña.

Este último fue detenido en la operación que desarrolló la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre contra el entramado que preparaba las elecciones del 1 de octubre en Cataluña. También fue arrestado en ese operativo el secretario de Hacienda de Cataluña, Lluis Salvadó, objeto igualmente de los seguimientos de la Guardia Civil y del informe entregado al juez el pasado 27 de julio.