En concreto, se absuelve al propietario de una academia de formación en Pegalajar (Jaén) que recibió en 2011 una subvención pública desde la Junta de Andalucía de 105.750 euros para realizar un curso de formación para el empleo en el área de peluquería y con compromiso de contratación. En concreto, el curso sería de 1.175 horas, el número de alumnos era 15 y el compromiso de contratación era del 60 por ciento por un periodo de seis meses.

Del importe total de la subvención se le llegó a abonar 83.089 euros. Sin embargo, tal y como recoge la sentencia a la que ha accedido

Europa Press, en agosto de 2014 la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte inicia un expediente de reintegro "por incumplimiento de obligación". Es este expediente le seguiría un segundo, así hasta que finalmente el acusado, I.E.G., devolvió 71.503 euros.

De esta forma, el acusado sólo percibió 18.581 euros y se ha sentado en el banquillo sin que haya cantidades pendientes de reintegro, tal y como se refleja en la sentencia absolutoria.

El tribunal considera que en este caso "no concurren los elementos configuradores del delito de estafa" ya que no hay engaño y además "no existe perjuicio económico para el sujeto pasivo, en este caso la Junta de Andalucía" ya que I.E.G. devolvió el dinero cuando la Administración se lo reclamó y sólo queda una cantidad, que según el tribunal, está "justificada y no reclamada".

La sentencia apunta a que más que un delito de estafa, el caso debe encuadrarse en "el plano de un incumplimiento contractual". De hecho, los que fueron alumnos declararon que la peluquería no contaba con las condiciones necesarias (saltaba la luz, no había baños y en algunos casos se tenían que llevar hasta el champú) y aunque se le hicieron contratos a siete alumnos, al final, la peluquería tuvo que cerrar y el alumnado acabó marchándose y renunciando a los contratos por no responder a sus expectativas.

Por estos hechos, la Fiscalía reclamaba inicialmente dos años de prisión y 2.700 euros de multa, además de una indemnización para la Junta de 18.581 euros. Por su parte, la Administración autonómica que ha ejercido la acusación particular pedía dos años de cárcel, 7.200 euros de multa y 18.851 euros de indemnización.

I.E.G. ha sido el primero de la decena de empresarios que están encausados en piezas separadas por los cursos de formación tras la operación Edu. La causa se archivó en 2016 para los cargos políticos, pero de todos los empresarios investigados quedaron poco más de una decena que deberán responder ante la justicia uno a uno.