Ese día, según ha explicado García del Rosal en rueda de prensa ante el propio CEIP y apoyada por miembros de la Red de Madres y Padres Solidarios (Remps), de la que es fundadora, fue informada por la dirección del colegio de que su hijo, que es alumno de Primaria, "no sería asistido por su monitora de Educación Especial, cuando la tiene prescrita por el dictamen de escolarización de la Junta de Andalucía".

Sin embargo y según el relato de la madre del alumno, la monitora "ya no lo desplazará" al servicio, al comedor, a su aula o al patio de recreo del colegio, y solo lo hará si el niño acude al centro en silla de ruedas, la cual, según ha señalado García del Rosal, "no tiene prescrita" y, aunque "la necesitará en un futuro, todavía puede andar con ayuda".

También se le ha ofrecido a la madre del menor que éste reciba clases en su casa, impartidas por un profesor enviado por la Junta de Andalucía, o bien que García del Rosal pague a una persona para que asista a su hijo durante los citados desplazamientos en el interior del centro educativo, habiendo rechazado la madre del niño todas esas opciones porque, según ha insistido, aún puede desplazarse con ayuda, mientras que "sentarlo ahora en una silla de ruedas hará que quede inválido" antes de lo previsto.