La Junta de Castilla y León incentivará en 2018 la constitución de mancomunidades de interés general con la activación de las medidas contempladas en el modelo de ordenación del territorio como son la participación en la gestión de tributos, aunque ha advertido de que por el momento sólo las urbanas podrán beneficiarse de ello, ya que son las únicas que actualmente pueden constituirse, pues las rurales no podrán hacerlo hasta que se apruebe la ley de mapas que completa el modelo.

Por ello, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha advertido en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de que de no aprobarse dicha ley, los habitantes del medio rural quedarán en "peor situación" que aquellos que residan en zonas urbanas y sus alfoces.

En su comparecencia para presentar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2018 relativo a su Consejería, De Santiago-Juárez ha pedido a los socialistas -quienes recientemente anunciaron una enmienda a la totalidad contra dicha norma-, que no bloqueen esta norma y les ha recordado su apoyo a las anteriores normas que articulan el modelo, así como su firma en el pacto de julio de 2015 por el que los cuatro partidos con grupo parlamentario en las Cortes manifestaban su voluntad de avanzar en el modelo.

Ante esto, el vicepresidente ha preguntado a los procuradores socialistas "por qué lo firmaron si no estaban de acuerdo", tras lo que ha pedido a esta bancada que permita la aprobación de la ley de mapas para conocer qué municipios se adhieren a este modelo y se benefician de una mayor financiación, y cuáles están en contra, el "verdadero test", a su juicio, de conocer el apoyo real a la ordenación del territorio, más allá de ciertos "mantras" con los que se ha confesado "aburrido".

En su intervención, De Santiago-Juárez ha explicado que de los 125,2 millones de euros con que cuenta el Presupuesto de su Consejería -un 2,7 por ciento más que en 2017-, la mayor cuantía, 77,9 millones, se destinará a entidades locales, si bien este importe podría ampliarse con otros 25 procedentes de una primera anualidad del Plan Plurianual de Convergencia una vez aprobado el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales (Ubost).

Tras recordar que en las tres ocasiones en las que se han tramitado leyes que definen el modelo se ha llegado a acuerdos con el partido mayoritario de la oposición, el PSOE, ha subrayado que se ha tratado de un profeso "presidido por la participación y el diálogo" de todos los agentes implicados, con 82 votos de 84 a favor de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio en 2013.

El vicepresidente ha defendido que, después de siete años de trabajo, "es el momento de aplicar estas leyes para culminar un modelo de ordenación que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los castellanoleoneses", fundamentalmente "los que viven en el medio rural".

PARTIDAS DERIVADAS DE LA ORDENACIÓN

De esta forma, los presupuestos para 2018 contemplan tres tipos de cuantías derivadas del modelo de ordenación. Una primera, de 64,7 millones de euros, procedente de la participación de las entidades locales en los ingresos propios y en los tributos cedidos, calculados de acuerdo con las previsiones de la Ley 10/2014.

Esta Ley establece también quiénes serán los beneficiarios de esta financiación: municipios, provincias y mancomunidades de interés general que se constituyan. A partir de 2018, y de acuerdo con las previsiones del artículo 4 de la Ley 10/2014, se dedicará una parte de los ingresos tributarios a impulsar las mancomunidades de interés general urbano mediante la financiación de las mismas.

También se estudia la posibilidad de que, como ha subrayado el vicepresidente, con una declaración responsable del municipio de mayor población y, al menos, de un tercio del resto de los municipios del alfoz, en la que se comprometen a poner en marcha la mancomunidad de interés general, puedan recibir una parte de los tributos propios y cedidos.

Igualmente, para la distribución de los fondos en el caso de las diputaciones provinciales, se tendrá en cuenta la manifestación de voluntad favorable de la provincia a conformar los instrumentos de cooperación sobre ordenación del territorio previstos en la Ley 7/2013. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley 10/2014, la participación en los dos fondos se instrumentalizará a través de convenios formalizados con la Consejería de la Presidencia.

La segunda partida autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a realizar las modificaciones de crédito que resulten necesarias para, una vez aprobado el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, dotar con un máximo de 25 millones de euros el Fondo Autonómico de Compensación para financiar la primera anualidad del Plan Plurianual de Convergencia Interior. Los créditos se dotarán como se determine en la norma que apruebe el mapa de las Ubost.

La tercera y última previsión económica relacionada con el modelo de ordenación es la partida 'Cohesión territorial', dotada este año con 3,3 millones de euros. Es el tercer año consecutivo que se presupuesta y entre sus finalidades está la de incentivar la creación de mancomunidades de interés general.