La Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, una norma que afectará a más de 720.000 personas en la comunidad autónoma y que cuenta con una memoria económica de 1.300 millones anuales, entra en vigor este martes tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 4 de octubre.

La ley fue aprobada el pasado 13 de septiembre por el Pleno del Parlamento andaluz con el voto en contra del PP-A, la abstención de IULV-CA y el respaldo del PSOE-A, Podemos y Ciudadanos. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, defendió entonces que con esta nueva ley "se rompe lo que se entendía por discapacidad" y "favorecerá que el entorno haga iguales a los que no lo son por estas dificultades".

Así, una de las novedades de la ley es que reorienta las actuaciones públicas desde un ámbito biosanitario y rehabilitador, centrado en la enfermedad, hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno, así como la participación real y efectiva en todos los asuntos que le son propios.

Para lograr la plena inclusión social, así como la transversalidad y coordinación de las políticas públicas dirigidas al colectivo, la nueva ley prevé distintos instrumentos y medidas como la elaboración de planes de acción integral para las personas con discapacidad en general y para las mujeres, así como otro de empleo para el colectivo.

También prevé el derecho a la atención infantil temprana mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, así como el derecho a una educación inclusiva, permanente y de calidad. Las universidades andaluzas, por su parte, deberán aprobar un plan especial de accesibilidad y disponer de una unidad o servicio de atención o apoyo a la discapacidad.

En el ámbito formativo y del empleo, se establece para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al 10% del número de plazas para personas con discapacidad, y como novedad se reserva el 1% de plazas para personas con enfermedad mental y en los cursos de formación para el empleo, organizados por la Junta, se reservará el 5% frente al 3% que proponía el proyecto de ley.

Asimismo, se reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.

De otro lado, la ley reconoce específicamente el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Por ello, entre otras actuaciones, obliga a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal, así como cualquier otro tipo de apoyo a la vida independiente.

En el área de la contratación pública se reserva el 5% del importe anual de la Junta, en las actividades que se determinen, a favor de los centros especiales de empleo. Se introduce también una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas con un mayor número de personas con discapacidad en plantilla, por encima de la reserva legal del 2%.

Además, la ley tipifica las infracciones y las clasifica en leves, graves y muy graves, con sanciones que oscilan entre 301 euros y 1.000.000 de euros dependiendo de la calificación de la infracción.