La Audiencia de Valladolid celebrará el próximo martes, 24 de octubre, una pequeña vista en la que el funcionario de la Diputación Provincial Julián D.P. y el empresario Carlos L.H, coacusados por un delito de malversación de caudales públicos cometido en la residencia de ancianos Cardenal Marcelo, ratificarán las penas pactadas con las acusaciones pública y particular y, con ello, eludirán el juicio con jurado que se iba a celebrar contra ambos.

En dicho acto que celebrará la Sección Segunda de lo Penal presidida por Feliciano Trebolle, el funcionario procesado firmará el acuerdo en virtud del cual reconocerá su culpa y aceptará una pena de dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación, mientras que el otro coacusado, administrador de la empresa PAIR S.L. hará lo propio y asumirá una condena de 18 meses de prisión y otros tantos de inhabilitación, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En concepto de responsabilidad civil, ambos ya han abonado, de forma conjunta y solidaria, más de 80.000 euros correspondiente al importe de los víveres que se embolsaron y que habían fingido haber entregado en la Cardenal Marcelo, centro dependiente de la Diputación vallisoletana cuya gestión del almacén-despensa tenía encomendada el funcionario acusado.

Con carácter provisional, las acusaciones pública y particular, ésta en representación de la Diputación, habían solicitado inicialmente para ambos acusados ocho y cinco años de cárcel, respectivamente, como autor el funcionario de un delito continuado de malversación y otro continuado de falsificación en documento mercantil y en el caso del empresario en calidad de cooperador e inductor.

En el acuerdo alcanzado finalmente con ambos se les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y la de reparación del daño causado, al haber consignado ya la responsabilidad civil.

Los hechos se circunscriben al periodo que media entre los años 2007 y 2010, en el que el funcionario de la Diputación vallisoletana Julián D.P. tenía encomendado el control del almacén-despensa de la residencia Cardenal Marcelo, dependiente de la institución provincial y ubicada en la Avenida de Las Contiendas.

En el referido periodo, el funcionario y el administrador de PAIR S.L, Carlos L.H, quien figuraba como proveedor de determinadas partidas de alimentos de la referida residencia de ancianos, se pusieron de acuerdo para hacer figurar en los albaranes de entrega de suministros que éstos habían sido servidos y entregados en el centro, cuando en realidad los víveres jamás entraron en el almacén.

De este modo, los albaranes eran emitidos por el empresario a través de su empresa y luego firmados por el funcionario como recibidos en representación de la Diputación de Valladolid, lo que permitía luego a la mercantil pasarlos al cobro y entre ambos se repartían el importe de las facturas, que en el periodo investigado supera los 80.000 euros.

DESCUBIERTO A RAÍZ DE UN INVENTARIO

El ardid de los dos investigados se produjo a raíz de un inventario efectuado por el centro Cardenal Marcelo, aprovechando las vacaciones de verano del funcionario encargado del mismo. Así, se pudo corroborar que el inventario existente era notablemente inferior al que correspondía a los albaranes de mercancía recibidos inmediatamente antes.

Ante ello, la Diputación efectuó una investigación interna en cuyo transcurso el empresario procesado llegó a confesar los hechos y se ofreció a restituir la cantidad malversada con el fin de que el asunto quedara archivado.

El contrato de suministro con esta mercantil fue finalmente resuelto por Decreto de Presidencia de fecha 13 de octubre de 2010, a solicitud del adjudicatario, que perdió además la fianza prestada.

Un informe pericial contable efectuado sobre el patrimonio del funcionario acreditaría que los ingresos registrados por éste en el periodo investigado es muy superior al que le corresponde por razón de su puesto de trabajo y el de su esposa, con lo que los mismos han sido atribuidos a esta actividad delictiva.