El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha informado este viernes sobre la resolución de la convocatoria en la reunión de la Mesa del Diálogo Social en materia de vivienda, en la que también se ha fijado una nueva reunión para el próximo 6 de noviembre en la que se detallará la resolución de la convocatoria de la otra línea de ayudas a la Vivienda, dirigida a la rehabilitación y que cuenta con un presupuesto en 2017 de 7,3 millones de euros.

La convocatoria de 2017 de las ayudas al alquiler volvía a incrementar el presupuesto de forma notable, hasta los 14,8 millones de euros, con respecto a los 11,3 millones que se aportaron en 2016, lo que supone un incremento global del 30,2 por ciento. De hecho, Suárez-Quiñones ha recalcado que, con respecto a la convocatoria de 2015, se ha aumentado el presupuesto en un 85 por ciento.

Así, el número de beneficiarios en 2017 -10.533- es un 20,2 por ciento más que el que se anunció hace ahora un año (8.760) y recibirán una subvención media de 1.404 euros -el máximo es de 2.280 euros-. Los adjudicatarios tienen ahora un plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución en el Bocyl el próximo lunes, 23 de octubre, para justificar que cumplen los requisitos establecidos y Suárez-Quiñones prevé que se paguen las ayudas "muy a comienzos de 2018".

La convocatoria de 2017 ha contado con un total de 18.305 solicitudes presentadas, un 8,2 por ciento más que en 2016 y de ella, 5.537 quedaron excluidas en primer término por no cumplir con los requisitos generales, como el límite de ingresos (2,5 veces el IPREM), superar los límites máximos de renta mensual -unos 350 euros en el medio rural y 450 en las ciudades de mayor tamaño-, no ser titular del contrato de arrendamiento o contar con otras ayudas ya concedidas.

Suárez-Quiñones ha explicado que el presupuesto consignado para 2017 cubría 10.533 de las solicitudes aceptadas, por lo que 2.235 personas que cumplían los requisitos se quedan, por ahora, sin subvención. Los criterios seguidos para dar prioridad han sido principalmente el número de personas en la unidad familiar y la presencia de menores.

Con esas 2.235 personas en lista de espera, ha explicado el consejero, se activa la denominada cláusula de rescate, por la que estas personas pueden obtener las ayudas más adelante con las cantidades que queden sin conceder a los beneficiarios que no justifiquen el cumplimiento de las condiciones y, por ello, pierdan el derecho a la misma.

El miembro del Gobierno regional ha apuntado que, en la convocatoria de 2016, hubo 2.300 adjudicatarios que no justificaron su situación, por lo que el año pasado finalmente no quedaron solicitantes en lista de espera. No obstante, Suárez-Quiñones ha apuntado que este año "pueden no ser tantos" los que no justifiquen sus derechos pues considera que la Consejería ha mejorado su "labor pedagógica" para que los ciudadanos sepan los documentos que tienen que presentar.

Quiñones ha recordado que en la convocatoria de 2015 se introdujeron varias mejoras que se han mantenido en esta, como la eliminación del requisito de ingresos mínimos para poder presentar la solicitud o el aumento del porcentaje de subvención hasta el 40 % de la renta anual.

El consejero ha querido destacar la rapidez con la que se han resuelto las ayudas, pues ha recordado que se convocaron el pasado 2 de mayo y que menos de seis meses después se publicarán en el Bocyl.

Con respecto al incremento del número de solicitudes, Suárez-Quiñones ha considerado que no se debe a que la situación económica sea peor que hace un año, sino a que se ha mejorado la publicidad y a que se produce un "efecto llamada", pues "se ve que son unos recursos importantes, que se cobran".

Mientras tanto, el representante de UGT en la Mesa del Diálogo Social Raúl Santa Eufemia ha calificado de "positivo" el funcionamiento de estas ayudas que, según ha destacado, suman más de 30 millones de euros en lo que va de Legislatura.

MÁS PRESUPUESTO PARA CUBRIR TODAS LAS SOLICITUDES

El sindicalista ha recalcado que "si tanto se vanagloria la Junta de tener unos presupuestos sociales", se debería incrementar la partida presupuestaria en los próximos años para cubrir el total de las solicitudes, ya que ha recordado que, aunque la cláusula de rescate es "beneficiosa", esas personas tienen que esperar más tiempo para poder cobrar.

Por su parte, Inmaculada de Prado, de CCOO, ha destacado que este tipo de líneas hacen "sentir que es útil" el diálogo social, pues en el caso de las ayudas al alquiler van en ascenso en los últimos años, pero ha puntualizado que "todas las partes" tienen el interés en consolidar estas subvenciones.

El representante de Cecale, Pedro García, ha considerado que los objetivos de las ayudas se han cumplido adecuadamente y ha coincidido con los representantes sindicales en la necesidad de que pueda llegar "a todos los solicitantes".

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha apuntado que la vocación tanto de la Junta de Castilla y León como de los miembros del Diálogo Social es que las ayudas en materia de vivienda vayan a más en los próximos años, con el fin de cubrir el 100 por ciento de las solicitudes que se presenten, si bien ha recordado que todo depende del "contexto presupuestario" y de las dudas sobre la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado.

Valladolid es la provincia que más solicitudes ha presentado, con 4.525, seguida de León, con 3.858; Salamanca, 2.585; Burgos, 2.140; Segovia, 1.297; Ávila, 1.205; Palencia, 1.096; Zamora, 959, y por último Soria, 640 solicitudes.

VALLADOLID, LA PROVINCIA CON MÁS AYUDAS

Valladolid es también la provincia en la que más ayudas se han concedido, con un total de 2.377 (52,5% de las solicitadas); seguida por León, con 2.298 (59,5%); Salamanca, con 1.506 (58,2%); Burgos, con 1.122 (52,4%); Ávila, con 866 (71,9%); Segovia, con 808 (62,3%); Zamora, con 613 (63,9%); Palencia, con 575 (52,4%); y Soria, con 368 (57,5%).

Estas subvenciones forman parte del Plan Estatal de Vivienda de 2017, que en principio ha sido idéntica a la del año anterior, porque se prorrogó. Sin embargo, ha variado el importe del presupuesto que, ha aumentado en 3,4 millones de euros. Según Suárez-Quiñones, la Junta ha aportado más de 5 millones de euros.

El Plan incluye también la vertiente de las ayudas a la rehabilitación de vivienda, dotadas en 2017 con un total de 7,28 millones de euros y cuya resolución se dará a conocer el próximo 6 de noviembre en una nueva reunión de la Mesa del Diálogo Social. Suárez-Quiñones ha señalado que se prevé que se pueda cubrir el total del presupuesto, algo que en la convocatoria de 2016 no se consiguió.