La presidenta del Consejo General de la Abogacía en España, Victoria Ortega, ha hecho hoy un llamamiento al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que aborte el denominado plan de urgencia puesto en marcha en junio para tramitar las demandas de cláusulas suelo en juzgados específicos o especializados, uno por provincia, tras la realidad del "colapso" que dicha iniciativa ha supuesto desde entonces.

La portavoz nacional de los abogados, que ha participado hoy en Valladolid en los actos conmemorativos del XXV aniversario de la creación del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, recuerda que la organización que preside, por acuerdo unánime del pleno, acordó impugnar dicho plan al considerar que el mismo, en lugar de agilizar la tramitación de estas demandas, agravaría la situación, como demuestran las más de 8.000 en tramitación actualmente en los nueve juzgados específicos en Castilla y León.

En este sentido, Ortega, en declaraciones recogidas por Europa Press, se suma a la petición de los jueces decanos de toda España, que en sus conclusiones de la conferencia anual celebrada en Bilbao, exigieron al CGPJ la supresión de esta fórmula a partir de finales de diciembre. "Lamento que cuando lo apuntamos tuviéramos razón y que finalmente se haya ido a una situación de colapso", ha indicado la presidenta.

PACTO POR LA JUSTICIA

En la misma línea, confía en que el ansiado Pacto de Estado por la Justicia llegue lo antes posible, tarea en la que trabaja una comisión que, como así ha explicado, ha dato trámite hace tres días a ONGs y fundaciones, últimas de la lista en ser consultadas, con lo que espera que con la mayor urgencia se dé respuesta a la propuesta "de mínimos" que en su momento formuló el Consejo General de la Abogacía española.

"Esperamos las conclusiones y que se llegue a estos mínimos porque es una demanda de la ciudadanía en su conjunto", apunta Ortega, quien se niega a creer que el conflicto catalán u otras razones puedan ralentizar la consecución de ese objetivo.

En su comparecencia ante los medios, tanto el presidente del Consejo de la Abogacía en Castilla y León como el decano de Valladolid, Julio Sanz-Orejudo y Javier Garicano, respectivamente, han aprovechado para demandar más medios materiales y humanos para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, en especial, según ha precisado el segundo de ellos, en aspectos relacionados con la tecnología, en referencia a los continuos fallos que provoca el sistema Lex Net.

Y es que San-Orejudo sostiene que esa limitación de medios está provocando una limitación del acceso de los ciudadanos a la Justicia y está causando una ralentización de la misma, tanto a la hora de dictar sentencias como en la tramitación de los casos.