El sindicato Unións Agrarias propone a las fuerzas de seguridad la creación de una lista de "sospechosos" incendiarios para establecer controles de vigilancia en las épocas de máximo riesgo y cuando se den las condiciones y circunstancias meteorológicas favorables a la propagación de incendios forestales.

Así lo han señalado Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural del sindicato, en una rueda de prensa sobre la situación del monte gallego tras la ola de incendios, acompañado de José Ramón González, responsable de responsable de Gandaría Extensiva.

Feijóo cree necesario emprender "un trabajo policial anual", preguntando a vecinos de los pueblos más afectados con el fin elaborar una lista de potenciales sospechosos. Así, una vez se den las circunstancias y la época de mayor riesgo, se pueda establecer un dispositivo de vigilancia y de seguridad en el rural en las zonas de posibles incendiarios.

El sindicalista cree que existen "precedentes" que justifican un operativo de este tipo, como la vigilancia preventiva a conductores reincidentes en consumo de drogas o alcohol durante los fines de semana.

"La gente del rural se merece este esfuerzo", ha considerado, apostando por aplicar las modificaciones legales necesarias para poder emprender medidas de este tipo.

Jacobo Feijóo cree que "no es cierto que no se pueda hacer nada" para frenar a los incendiarios, dado que la Xunta conoce las condiciones meteorológicas y climáticas en las que se producen estos hechos, las zonas de mayor incidencia y cuentan con un perfil de incendiario.

Tras cuestionar la existencia de una trama organizada detrás de esta catástrofe, ha considerado que existe un efecto "bola de nieve", dado que los incendiarios saben que, cuantos "más fuegos", "mayor impunidad", porque los servicios de extinción "quedan superados" por las circunstancias.

"VERDADERA" PREVENCIÓN

Sobre todo, Unións Agrarias quiere apelar a aplicar una "prevención verdadera" de la actividad incendiaria, que tiene que pasar no sólo por las tareas de limpieza, sino también por generar actividad en el rural y atajar el estado de abandono de muchas explotaciones, advirtiendo de que había parcelas de monte "impecables" que ardieron por la propagación desde zonas descuidadas.

De momento, los daños cuantificados apuntan a 35.00 hectáreas quemadas, sin estar cuantificadas la superficie correspondiente de arbolado, y de momento no se cuentan con datos globales referidos a fincas y explotaciones ganaderas, donde sí se conocen "daños en cercados y estructuras de fincas, que son imprescindibles para trabajar".

José Ramón González ha advertido de que el monte arde "porque está abandonado" y "necesita actividad", por lo que se debe "centrar ahí el problema a día de hoy", apostando por incentivar medidas "agroganaderas" para "tener parte del problema atajado".

El sindicalista ha recordado que existe un problema "estructural" en el monte gallego, donde conviven parcelas atendidas con superficie de monte bajo abandonada, muchas de pequeños propietarios a los que no les interesa vivir del medio rural y que no las mantienen cuidadas.

Por ello, urge a la Xunta "entrar" en la estructura de la propiedad y garantizar que las fincas "estén en buenas condiciones". Asimismo, ve necesario colaborar en la gestión de los montes vecinales en 'man común', varios de ellos con vecinos de avanzada edad al frente.

LEI DE MONTES, CON "PROPORCIONALIDAD"

Los representantes de UU.AA. han pedido también una aplicación con "proporcionalidad" de la Lei de Montes, dado que sería "injusto" impedir las actividades ganaderas en esas zonas durante dos años, como si estos profesionales fuesen "los culpables del fuego".

En este sentido, han asegurado que los ganaderos se comprometerían a gestionar la parte del territorio que requiera la administración, "al menos" las próximas a sus zonas habituales y en un plazo "razonable".

González también se ha referido a evitar el riesgo de perder ayudas de la PAC. En concreto, ha recordado que los ganaderos deben hacer una declaración de superficie, sobre la que después cobran las cuantías.

El problema surge "tras una catástrofe de esta índole", que "cambia las reglas del juego", dado que no se puede incluir la superficie quemada en la declaración y podrían incumplir los requisitos para cobrar las ayudas.

Por ello, reclaman que se reconozca la "excepcionalidad" recogida en la Lei de Montes, que permite sortear este obstáculo en circunstancias de "situación catastrófica".

Asimismo y una vez concluya el balance de daños, han confiado en convocar cuanto antes la mesa de la madera, con el fin de buscar una solución para el precio de la madera afectada por el fuego similar a la adoptada en el año 2006. "Pero todavía es pronto", señalan.