Una jueza de EEUU ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump que deje abortar a una inmigrante de 17 años que cruzó la frontera con México de manera irregular el mes pasado y está bajo custodia de las autoridades federales después de que el Gobierno federal interviniera para bloquear su traslado a la clínica y pidiera a la joven que visitara un centro de "atención y crisis", organizaciones gestionadas por instituciones religiosas que buscan convencer a las mujeres embarazadas para tener el bebé.

La decisión se adoptó durante una audiencia en la corte del Distrito de Columbia, en Washington, según el diario The Washington Post.

Durante la vista, la jueza Tanya S. Chutkan dijo estar "asombrada" ante las restricciones impuestas por el Gobierno, puesto que en EEUU el aborto está permitido desde 1973, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que el Estado no puede interferir en la decisión de la mujer sobre la interrupción de su embarazo.

"El hecho de que esté aquí ilegalmente no significa que no tenga derechos constitucionales", añadió Chutkan.

Los abogados del Gobierno alegaban que la inmigrante no tenía derecho a abortar mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades a no ser que se tratara de una emergencia médica.

De esa forma, a juicio de Chutkan, quien fue nombrada por el anterior presidente, Barack Obama (2009-2017), el Gobierno de EE UU le estaba ofreciendo a la inmigrante solo dos opciones: volver a la nación de la que había huido para abortar o seguir adelante con un embarazo no deseado.

La magistrada ordenó al Gobierno de Trump que traslade a la adolescente o que permita que un tutor la lleve "con prontitud y sin demora" a un hospital para abortar cercano al centro de detención en el que está detenida en Brownsville (Texas).

El lugar de origen de la mujer, que lleva 15 semanas de embarazo, no aparece en los documentos judiciales, por lo que se desconoce si el aborto es legal en su país de procedencia.

El veredicto emitido está limitado al caso de Jane Doe -nombre genérico para proteger la identidad de la adolescente- y caducará en 14 días, por lo que se prevé que la intervención se dé esta misma semana.

"Por fin, nuestra cliente podrá obtener la atención que necesita sin que los funcionarios federales se interpongan en el camino", expresó en un comunicado facilitado a Efe Brigitte Amiri, abogada del proyecto de libertad reproductiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La letrada dijo que, a pesar de que el coraje y la perseverancia de Jane Doe fueron increíbles, "nadie debería ir al tribunal para poder abortar de forma segura y legal o ser tomado como rehén por un puñado de funcionarios del Gobierno".

Por su parte, Susan Hays, directora legal de Jane's Due Process, una fuente de referencia para adolescentes que afrontan embarazos no deseados en Texas, se alegró en el mismo documento de que la corte federal "haya reconocido y respetado" la dignidad y la humanidad de la joven indocumentada.