La creación de este comité, según han informado desde CSIF Málaga a través de un comunicado, está contemplada en el protocolo de actuación, aprobado en octubre de 2014, por el que se establecen los mecanismos para prevenir y evitar las conductas que pudieran constituir acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación.

Según CSIF, este comité de investigación interna, "que sí está desarrollando su labor en otras provincias", es el encargado de recibir el escrito de denuncia, decidir sobre su tramitación o archivo, llevar a cabo la investigación, designar mediadores y elaborar un informe con las conclusiones y propuestas de medidas a adoptar.

"El comité no se ha constituido desde la aprobación de este protocolo, por lo que los empleados públicos de la administración autonómica en Málaga, que sí disponen del modelo de denuncia en el portal del empleado público, pueden registrar sus escritos, aunque no se tramitan, investigan ni resuelven", han criticado en el comunicado.

Asimismo, el resto de órganos competentes que se constituyeron con la aprobación del protocolo tampoco pueden llevar a cabo sus funciones, ya que la labor del comité de investigación interna es esencial para iniciar todos los procedimientos de actuación y prevención de los casos de acoso laboral, discriminatorio y sexual.

"CSIF Málaga ha exigido en reiteradas ocasiones a la Junta que designe a sus representantes en el comité de investigación interna, y, ante la ausencia de respuesta, ha remitido una queja al Defensor del Pueblo Andaluz por la falta de información y documentación relacionada", han detallado, añadiendo que "actualmente, el comité de investigación interna sigue a la espera de que el Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga y la Dirección General de Prevención de Riesgos Laborales propongan a sus nuevos representantes tras la renuncia de los anteriores".

CSIF Málaga, que ha recordado que este protocolo debe revisarse cada dos años, ha subrayado en el comunicado que la puesta en funcionamiento del comité de investigación "es esencial para la prevención y el control de las situaciones de acoso en la administración, la protección de las víctimas y para garantizar un entorno laboral seguro".

Por último, han incidido en que este protocolo es "clave para asegurar que todos los empleados públicos de la administración andaluza trabajen en un entorno laboral seguro, en el que se respeten su dignidad, integridad moral y libertad sexual, y garantizar el trato igualitario, respetuoso y digno a todo el personal", ha concluido.