La vivienda social se agota en la capital. El Ayuntamiento de Madrid ya ha alertado de que el próximo mes de diciembre (fecha de entrega de las últimas 300 casas vacías) se quedará sin pisos municipales vacíos para atender a las 17.000 personas que se encuentran en lista de espera, 7.000 de ellas de atención prioritaria. Es por ello que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) ha puesto de nuevo en marcha una campaña de compra de vivienda usada para intentar incrementar el parque municipal, que cuenta en la actualidad con algo más de 6.000 pisos.

"En esta nueva campaña hemos eliminado los plazos temporales en las convocatorias de compra de vivienda particular", señalan fuentes municipales. "Con esta medida esperamos conseguir más viviendas", añaden las mismas fuentes. En la convocatoria anterior de compra de casas a particulares, el Consistorio solo logró adquirir 58 de las 300 que había pronosticado.

Las viviendas que interesan a la EMVS para su adquisión deben encontrarse en Madrid, tener al menos 45 metros cuadrados, dos dormitorios, cuarto de baño con lavabo, inodoro y bañera/ducha, luz exterior y en buen estado de conservación, habitabilidad y accesibilidad. El precio que está dispuesto a pagar el Consistorio por las viviendas depende del distrito donde se ubique: oscila entre los 1.316,90 €/m2 de Puente de Vallecas y Villaverde y los 2.026,00 €/m2 de Centro, Chamartín, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa, Retiro y Salamanca. En Carabanchel, Latina, Usera y Vicálvaro la tasación máxima es de 1.519,50 €/m2; un piso en Arganzuela, Barajas, Ciudad Lineal, Hortaleza, Moratalaz, San Blas y Tetuán  está en 1.823,40 €/m2.

Desde el Consistorio, no obstante, recuerdan que el Ayuntamiento construirá 4.000 pisos sociales —unas 1.200 ya están en obras— destinados exclusivamente a alquiler antes del final de la legislatura en 2019. El propósito es, precisamente, llegar al nivel de vivienda pública existente en los años previos a la venta de las promociones municipales a los fondos. De hecho, el descenso del parque público se hace evidente a partir de 2010. La EMVS tenía en diciembre de ese año más de 10.600 viviendas. En diciembre de 2012 habían caído a 8.719, y cuando Ahora Madrid llegó al Cibeles, apenas superaba las 6.000.

Buena parte del deterioro del parque municipal de vivienda radica en la venta de 18 promociones de pisos públicos fondos de inversión que realizó el Gobierno municipal que encabezaba Ana Botella (PP) entre 2012 y 2013. Botella, para rebajar la deuda, que en 2012 era de 7.733 millones de euros, se desprendió de 1.860 viviendas, más los correspondientes garajes y trasteros (para un total de 5.315 inmuebles) a cambio de 128,5 millones de euros, una operación que se hizo de manera irregular, según la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. El órgano fiscalizador concluyó en un informe que la venta se realizón sin aplicar "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta" y "aplicando exclusivamente las reglas del mercado".

El asunto llegó a los tribunales, pero en enero de este año el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid sobreseyó la causa. Ahora, la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha decido reabrirla por vía penal después de los recursos de apelación presentados por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Afectados por la Venta de Inmuebles de la EMVS.

Para intentar paliar este déficit de vivienda social, el Ayuntamiento propuso la creación de los llamados microbarrios. Se trataba de soluciones habitacionales prefabricadas colocadas en solares para dar salida a situaciones de emergencia.

Sin embargo, el Gobierno municipal decidió dar marcha atrás en el plan debido a que el proyecto fue rechazado en Pleno por los tres grupos de la oposición a partir de una proposición del Partido Popular. De esta forma, el Consistorio renunció a construir las 70 viviendas anunciadas para personas con emergencia social. El primer microbarrio iban a estar ubicado entre los barrios de Canillejas y San Blas en una parcela pública de 3.500 metros cuadrados.

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, también presidenta de la EMVS, explicó que renunciaban al proyecto por "responsabilidad" después de preguntar y escuchar a la ciudadanía, como se había comprometido a hacer cuando esta cuestión pasó por el último Pleno.