Fruto de aquellos incidentes saldados con el desalojo de estas personas junto con concejales y miembros de Participa e IU, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla habría incoado expedientes sancionadores contra ocho de estos trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por Lipasam; los dos concejales de IU en el Ayuntamiento hispalense, Daniel González Rojas y Eva Oliva; el coordinador local de la coalición, Ismael Sánchez; y los ediles de Participa Susana Serrano y Julián Moreno.

En todos los casos, los expedientes parten de una "ocupación no autorizada de la sede del Ayuntamiento", donde los activistas del citado colectivo laboral "ocuparon y se sentaron en la escalera principal impidiendo el paso de las personas, con pancartas y gritando consignas", según estos expedientes recogidos por Europa Press.

"El jefe del dispositivo (de la Policía Local) les comunicó en tres ocasiones que debían desalojar las instalaciones municipales, sin que atendieran el requerimiento", abundan los expedientes, según los cuales estas personas fueron "informadas de que la desobediencia o resistencia podría constituir un ilícito penal".

Dado el caso, los expedientes señalan una "infracción administrativa" de la Ley 2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, criticada como la "ley mordaza" por diferentes fuerzas y colectivos. Así, habilitaban un plazo de 15 días para formular alegaciones y en caso de no haberlas, los procedimientos serían resueltos directamente con sanciones de 601 euros en el caso de los extrabajadores de Lipasam, a quienes se les achaca una infracción "grave" de la citada ley, y de cien euros en el caso de los ediles al serles atribuida una infracción de carácter leve.

A tal efecto, un portavoz de los extrabajadores eventuales de Lipasam ha informado a Europa Press de que los ocho miembros del colectivo afectados por estos expedientes han formulado alegaciones ante los mismos. En sus alegaciones, defienden que accedieron al Ayuntamiento por el propio control de acceso para acudir a reuniones con los concejales de Participa e IU, lo que descartaría toda "ocupación ilegal" del edificio. Del mismo modo, alegan que cuando fueron requeridos por los agentes, atendieron sus demandas pero "intentando volver" a las dependencias municipales de los citados partidos.

LOS EX EVENTUALES DE LIPASAM

A grandes rasgos, este colectivo de trabajadores fue objeto de contrataciones temporales por parte de Lipasam entre 2013 y 2016, para servicios especiales como los de Semana Santa o Feria, debido al conflicto que pesaba sobre la entonces naciente nueva bolsa de empleo.

Y es que el comité de empresa de Lipasam había impugnado la nueva bolsa de empleo, en demanda de que los miembros de la antigua bolsa de empleo, que habrían accedido a la misma sin proceso selectivo previo, fuesen declarados como empleados indefinidos no fijos a cuenta de sus años de relación con la sociedad.

Este conflicto fue resuelto en 2016, cuando por acuerdo entre Lipasam y su comité de empresa, 330 miembros de la antigua bolsa de empleo de 2005 fueron declarados como trabajadores "indefinidos no fijos por tiempo discontinuo", consolidando así su relación con la empresa, y era constituida definitivamente la nueva bolsa de empleo temporal de peones, formada por 600 personas.

Aquella solución llevó a Lipasam a prescindir de las personas contratadas intermitentemente entre 2013 y 2016, dado que las contrataciones temporales se canalizan ahora mediante los indefinidos no fijos por tiempo discontinuo y la bolsa de empleo. Estas personas, en ese sentido, reclaman que se les declare también como trabajadores indefinidos no fijos por tiempo discontinuo, merced al "precedente" de los miembros de la antigua bolsa de empleo.

EL DESALOJO

Tras meses y meses de manifestaciones y protestas, el conflicto tocó techo el pasado 7 de junio, cuando los miembros del colectivo accedieron al interior del Ayuntamiento para reunirse con los concejales de Participa e IU.

Tras celebrar las citadas reuniones, y sin previo aviso, los extrabajadores temporales de Lipasam se concentraron en el vestíbulo del Ayuntamiento y comenzaron un acto de protesta, sin que mediase un acuerdo cuando los agentes de la Policía Local les pidieron que depusiesen su actitud.

Tras ello, los manifestantes y los miembros de Participa e IU-CA que les acompañaban fueron rodeados por la Policía Local y fueron paulatinamente arrinconados hasta la puerta principal del Ayuntamiento, donde finalmente fueron expulsados del edificio, en una actuación que según denuncian estuvo marcada por la "violencia, las patadas, empujones y pisotones".