En una nota, el sindicato ha señalado que estas empleadas han realizado "en muchos casos el trabajo de campo, han tenido unos salarios muy precarios para su categoría profesional, con unas retribuciones por debajo de las de los trabajadores municipales en un 40%, y lo único que tenían de la empresa contratante era el contrato de trabajo, y el beneficio de la empresa, evidentemente".

Ante ello, CTA ha subrayado que "la administración tiene la obligación de cumplir con la legislación laboral", por lo que "tendría la obligación de incluir esas plazas en la siguiente oferta pública de empleo y cubrirlas mediante mérito, capacidad y publicidad en el plazo de tres años".

Además, el sindicato ha dicho que "los sobrecostes sobrevenidos para garantizar por ejemplo las cotizaciones a la Seguridad Social y con ello las pensiones de estas trabajadoras y derechos derivados, no los pagan los altos funcionarios, lo paga el pueblo".