Millones de personas conmemoran hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, promovido por la ONU. En nuestro país también se celebra el cuarto aniversario de la entrada en vigor de la ley que garantiza la igualdad de oportunidades de este colectivo de 3,5 millones de personas. Aunque en realidad hay pocos motivos para la celebración, porque nadie vela por su cumplimiento.

Aunque la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Liondau) se aprobó en 2003, a estas alturas el Congreso de los Diputados aún no ha aprobado el proyecto de ley que fija el régimen de infracciones y sanciones para quienes la vulneren.

De 300 a un millón

El régimen fija castigos de entre 300 y un millón de euros por no respetar, por ejemplo, obligaciones como dar a un trabajador una excedencia de un año para cuidar a un familiar minusválido o realizar en una comunidad de propietarios las obras de adaptación necesarias para este colectivo.

Otras normas que les amparan sí están más desarrolladas, particularmente la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), que obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a incorporar a un 2% de discapacitados. En cumplimiento de esta ley, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó el año pasado 4.347 actuaciones, levantó acta de 963 infracciones y las empresas responsables fueron sancionadas con un total de 569.698 euros. Hasta el mes de septiembre de este año se habían inspeccionado 2.088 empresas y 142 fueron sancionadas. La suma total de las multas impuestas en los últimos nueve meses se eleva a 252.964 euros.

Sólo A Coruña  se salva

Un estudio realizado en 18 capitales por Consumer Eroski indica que el nivel de accesibilidad urbana es deficiente. Aunque refleja una ligera mejoría en la situación de los que van en silla de ruedas, las carencias en las medidas de adaptación para las personas ciegas y sordas son altas. Entre todas las ciudades analizadas, sólo A Coruña logra superar un nivel aceptable de accesibilidad con un «bien». Nueve capitales reciben la calificación global de «regular». Vitoria y San Sebastián son las peor paradas con la calificación de «mal» en dos de los tres aspectos estudiados.

Un duro día a día

Manuel Rancés. Discapacitado físico. «Las normas de accesibilidad nos favorecen a todos»

«En el metro de Madrid hay ascensores, pero muchos no funcionan. Lo más preocupante es que hay empresas que dicen ser accesibles y luego no lo son. Además, para nosotros pedir una copa en un pub no es fácil; entrar en muchas facultades de la Universidad, imposible; pasar por caja en un supermercado, difícil en muchos casos. En los conciertos: ¿por qué no me puedo sentar con mi pareja a compartir una canción? No quiero que me rebajen el precio, sólo quiero disfrutar de las cosas igual que los demás. Las normas de accesibilidad nos favorecen a todos».