El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este martes que en la Unión Europea el rechazo en frontera no es incompatible con defender los derechos humanos y ha recordado que para solicitar asilo no es necesario saltar una valla sino "ir a un centro fronterizo y pedirlo".

Así ha contestado Zoido en el Senado a las senadoras del PSOE, Olivia Delgado, y Unidos Podemos, Miren Edurne Gorrochategui, que le han preguntado por las medidas que piensa adoptar el Gobierno después de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pusiera en entredicho las devoluciones en caliente.

Zoido ha explicado que el Gobierno está estudiando la sentencia europea para "no tomar una decisión precipitada", pero ha justificado el control en las fronteras para garantizar el derecho de asilo a los que "verdaderamente estén siendo perseguidos" y así poderles dar el reconocimiento a la protección internacional.

El ministro ha manifestado que no todos los que saltan la valla están en esta situación: "si la intención al saltar el perímetro fuera sencillamente pedir el asilo, no hace falta que lo salten, pueden ir al puesto fronterizo a solicitarla", ha enfatizado.

Las explicaciones de Zoido no han convencido a las parlamentarias y Delgado ha asegurado que el Gobierno tiene que "modificar los protocolos de actuación para dar una respuesta acorde a los derechos humanos", mientras que Gorrochategui ha dicho que "al Ejecutivo se le va la mano con la proporcionalidad y con otros derechos".

La senadora de Podemos ha recordado al ministro que no es la primera vez que el TDEH acusa a España de actuar contra la ilegalidad como ya hizo con la denominada Doctrina Parot.

El ministro ha insistido en que la prioridad de España es defender y garantizar todos los derechos fundamentales porque, ha dicho, "somos un Gobierno solidario y consciente de todas las obligaciones contraídas".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por la devolución en 2014 en caliente a Marruecos de dos inmigrantes en la valla de Melilla sin ser identificados, lo que "supone una expulsión de carácter colectivo", contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El fallo unánime concluye que España también vulneró el derecho a un recurso efectivo.