El jefe de Servicios Jurídicos y Administrativos del Ayuntamiento de Cáceres, Javier Alonso, que es el técnico encargado de instruir las denuncias por ruido en la zona de copas de La Madrila, ha asegurado que "algunos" de esos expedientes caducaban porque se tardaba mucho tiempo en firmar la resolución de la Alcaldía, si bien también ha reconocido que "a veces" se retrasaba el inicio de esos expedientes por "errores" o por "cargas de trabajo".

Alonso ha declarado este lunes como testigo en el juicio del ruido que ha sentado en el banquillo a la ex alcaldesa de Cáceres Carmen Heras y al ex concejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado, por un presunto de delito de prevaricación medioambiental, así como a once hosteleros propietarios o arrendatarios de nueve establecimientos de la zona, ubicados principalmente en la plaza de Albatros.

El juicio, que comenzó el pasado 20 de septiembre, intenta dilucidar si los expedientes de las denuncias que los vecinos presentaban por ruido se tramitaron con la suficiente diligencia, ya que, durante el periodo 2007 a 2011, los locales continuaron con su actividad hasta que en 2012 un juez ordenó el cierre de alguno de ellos.

El técnico ha declarado que, desde 2004, su función es tramitar los expedientes de sanciones no solo de ruidos, sino también de otros asuntos como malos olores, incumplimiento de horarios, o multas de tráfico, etc. Su puesto de trabajo está ubicado en las dependencias de la Policía Local porque su servicio está adscrito a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y ha reconocido que tenía "mucha carga de trabajo".

"Nunca me dieron competencias exclusivas sobre el ruido ni existió ninguna oficina específica para este asunto", ha dicho Alonso quien ha asegurado que sí se creó una mesa de trabajo del ruido en el ayuntamiento cacereño pero "ni siquiera" lo convocaron como técnico para participar en ese grupo.

Así, ha relatado que, cuando llegaba una denuncia de algún vecino, se iniciaba un expediente con "una fecha y hora inalterable" que quedaba registrada en el sistema informático. Si se decidía hacer una medición del nivel de ruido, lo comunicaba al jefe de la Policía Local, que en aquellos años fueron César García y Emeterio Corchado, y era el intendente quién organizaba los turnos de los agentes para ir a los bares a hacer las mediciones porque él "no tenía capacidad de mando sobre la Policía Local".

En el caso del pub Latinos, el técnico realizó hasta 18 peticiones de medición y no se realizó ninguna, pero ha asegurado que "jamás" le dijo a la alcaldesa ni a los jefes de la Policía Local que no se tenían que hacer las mediciones de los niveles de ruido.

Cuando se llevaban a cabo estas mediciones, el resultado se pasaba a la sección de Urbanismo que determinaba si todo era correcto y, en el caso de que fuera así, se iniciaba una propuesta de sanción que él pasaba, a modo de borrador, al instructor político del expediente que era el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, y finalmente a la alcaldesa, Carmen Heras, para que lo firmara y lo resolviera. "Era ella la que podía adoptar medidas cautelares", ha incidido.

"Ellos podían modificar la propuesta del borrador porque tenían la última palabra", ha dicho Alonso quien ha asegurado que uno de los expedientes fue remitido a Alcaldía el 23 de septiembre de 2010 y se devolvió firmado el 9 de junio de 2011, nueve meses después. "No sé por qué se tardaba tanto en firmar", ha indicado el testigo que asegura que algunos expedientes, incluso, se devolvían sin firmar y no se podía continuar con él, por lo que quedaba inconcluso y, como no se acumulaban sanciones leves, no se podía llegar a una sanción grave más tarde.

"LLAMABA A LA POLICÍA Y NO IBA NUNCA"

Antes de la declaración de Javier Alonso, ha comparecido también como testigo otro de los vecinos afectados, Ignacio P., que ha indicado que llamaba a la Policía Local "todos los fines de semana" y "no iba nunca". Este afectado vivía en la calle doctor Fleming encima de los pubs Barroco y Latinos.

A pesar de que su vivienda estaba ubicada en el séptimo piso, ha asegurado que el ruido de la música cuando se abría la puerta de los locales "era brutal" y que se desvelaba y después no podía conciliar el sueño de nuevo.

En su declaración ha reconocido que el problema del ruido en esta zona viene de lejos y que "los gobiernos anteriores tampoco lo hicieron bien" pero, ha incidido en que fue a partir de 2007 cuando se agrava la situación con la concesión de licencias de café-conciertos, lo que supuso un "repunte" del problema y por eso se decide crear la Asociación Cacereños contra el Ruido, de la que forma parte, y que finalmente interpuso la querella criminal contra los acusados.

Cabe recordar que los trece acusados se enfrentan a un delito de prevaricación medioambiental. Para los dos excargos públicos (Heras y Jurado) la Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión para cada uno de ellos y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para los once empresarios, el Ministerio Público solicita la pena de tres años de prisión para cada uno de ellos.

A tres de los hosteleros se les imputan, además, presuntos delitos de lesiones al entender que la imposibilidad de descansar por parte de los vecinos que vivían próximos a los locales les ha causado problemas continuados de salud, como depresiones o alteraciones del sueño.

Los locales afectados son Súgar, Maquiavello, LaBelle, Tacones, Submarino, La Cuerda, discoteca Down, Barroco y Latinos, muchos de ellos ya cerrados sin actividad y otros en funcionamiento tras realizar obras de insonorización. A sus once responsables también se les exige el pago en concepto de responsabilidad civil a una veintena de vecinos que la acusación particular cifra en 297.000 euros.

Los hechos han llegado a juicio tras una instrucción de cinco años. En las siguientes sesiones también testificarán agentes del Seprona, dirigentes vecinales, y responsables de la Policía Local, entre otros testigos. Está previsto que el juicio quede visto para sentencia el 31 de octubre.