Según han informado desde Fiscalía en un comunicado, el objetivo es concretar y evaluar, si, al margen de posibles responsabilidades disciplinarias o administrativas, dichas actuaciones han podido incidir en los derechos de todo tipo en el ámbito de la protección de los menores.

Asimismo, se inspeccionará la existencia de posibles situaciones de riesgo para los menores para constatar las responsabilidades que de ello se hubieran podido derivar.