Desarticulada la red de inmigración ilegal que defraudó a 375 familias ecuatorianas

  • La red está integrada por españoles y ecuatorianos.
  • Cobraban 3.000 euros a familias ecuatorianas que querían traer a España a sus familiares con un contrato de trabajo.
  • El dinero defraudado podría oscilar entre los 600.000  y 1.000.000 de euros.

La Policía Nacional ha desarticulado en Murcia, en el marco de la operación El Cañar, una red de inmigración ilegal que presuntamente defraudó a 375 familias ecuatorianas y ha detenido a siete personas, según han informado fuentes de este Cuerpo.

Esta red, integrada por españoles y ecuatorianos, cobraba por adelantado cantidades cercanas a los 3.000 euros a familias ecuatorianas que querían traer a España a sus familiares con un contrato de trabajo.

Los ahora detenidos gestionaban la documentación, a sabiendas de que la Delegación del Gobierno denegaría las solicitudes "al amparo del catálogo de puestos de trabajo de difícil cobertura", han indicado las fuentes.

Sin cobertura legal

Las investigaciones comenzaron en mayo de 2007, cuando la Policía tuvo conocimiento de que una mercantil de Orihuela, Páramo Lorente S.L., "estaba favoreciendo la inmigración ilegal" al presentar ante el área de Trabajo de la Delegación del Gobierno de Murcia ofertas de empleo para las que no tenía cobertura legal.

"Los encausados conocen la legalidad desde su inicio, ya que saben que la empresa no reúne las condiciones legales para dar cobertura laboral a todos los ciudadanos extranjeros que desearían ubicar en España", aseguraran las fuentes.

Entre los detenidos se encuentra una letrada de Murcia, María Cristina S.R, quien era la encargada de tramitar las peticiones, así como dos socios de la citada mercantil, José Fernando L.F. y Luis Remigio P.R., responsables del cobro de la tramitación de la documentación.

Asimismo, la Policía ha detenido a Luis Mariano H.A., Carlos Patricio S.S., Ignacia del Carmen A.P., Juan Pedro P.R., que eran los encargados de captar a "los potenciales clientes ecuatorianos a los que defraudarles", explican las fuentes.

En el transcurso de esta operación se ha registrado el despacho de la citada letrada, donde se ha encontrado diversa documentación, han señalado las fuentes, que indican que el caso lo instruye el juzgado número 2 de Murcia y que el dinero defraudado podría oscilar entre los 600.000 y 1.000.000 de euros.

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