Los populares han asegurado "respetar" la resolución judicial, que aún no es firme, pero "la crítica política no se basa sólo en razones de la supuesta legalidad y por ello siguen rechazando esta contratación como cargo de confianza ya que, tal y como ya han señalado en otras ocasiones, usurpa las funciones del jefe de Policía Local, es innecesario, caro (ya que cuesta 60.000 euros anuales al Consistorio) y hasta el momento se ha demostrado que es una contratación inútil ya que estos dos últimos años no sólo no se han visto mejoras en la seguridad, sino que hay menos policías que antes y la sensación de inseguridad en el pueblo va empeorando año tras año", han considerado.

Desde el PP de Sant Antoni han recordado además que esta contratación se hizo "ignorando" los informes técnicos desfavorables de las dos máximas autoridades dentro del Ayuntamiento, como son el secretario y el interventor, "lo que nos da argumentos más que justificados para seguir oponiéndonos a esta contratación".