Según ha informado la Policía Nacional, las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia interpuesta por un representante legal de la Diputación Provincial que había detectado, en la documentación requerida para la licitación de las obras públicas, que dicha documentación pareciera falsa, usurpando la identidad de una empresa, con el consiguiente perjuicio, tanto para la empresa usurpada como para la administración pública, al incidir en el precio final de la obra licitada.

Los agentes de la U.D.E.V., trabajando con los técnicos de la Diputación Provincial, analizaron la extensa documentación aportada por varias empresas que en su día presentaron en la licitación y concurso para la adjudicación de, concretamente cuatro obras que la administración provincial había ofertado, comprobando y confirmándose que existían varias ofertas falsas a nombre de una misma empresa que no había presentado oferta alguna, usurpando de esta manera a las mencionadas empresas, averiguando el origen de la documentación falsa y centrando las investigaciones en ella.

Investigado el empresario, los agentes confirmaron que tenía relación con seis empresas habiendo, presuntamente presentado ofertas de todas ellas para cada una de las obras, verificando la falsedad de dichas ofertas.

Los investigadores procedieron a la detención del trabajador que presentaba físicamente toda la documentación, quien reconoció los hechos investigados y que era él el que presentaba la documentación en el registro de la administración pública

que su jefe le entregaba para, posteriormente arrestar al empresario.

Durante el desarrollo de la investigación los agentes han estado en contacto permanente con los técnicos de la administración pública, poniendo de manifiesto que el objetivo final de esta trama era la de alterar el precio de la oferta de cada una de las obras públicas ofertadas, continuando con las investigaciones.