Según señala esta organización en nota de prensa, el Gobierno de Mariano Rajoy "prepara un recurso de inconstitucionalidad" contra esta modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura que fue aprobada por la Asamblea de Extremadura, y con el que a juicio de Facua, el Gobierno "con esta actitud, defiende los intereses de las empresas y se opone a los de los consumidores".

Facua ha recordado que este acuerdo fue "largamente reivindicado" por este colectivo, y "daba un paso más en la defensa efectiva de los consumidores", ya que la obligación de que al menos un empleado atendiera las gasolineras "permitía a los usuarios pedir facturas o presentar hojas de reclamaciones, cosa que no podrían hacer en el caso de que aquéllas estuvieran desatendidas".

De esta forma también se "garantiza la seguridad de los usuarios", ya que éstos "no tendrían que manipular un producto abrasivo, y permitía controlar quién, cuánto y de qué modo compraba combustible", señala Facua.

Por todo ello, considera Facua que el Gobierno, "con su intención de que se declare inconstitucional" y por tanto se anule la modificación del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, persigue "desandar lo andado en materia de protección de los consumidores".

Añade que "no es la primera vez que el Gobierno se posiciona abiertamente a favor de que existan gasolineras desatendidas, es decir, que funcionen sin empleados durante todo o parte de su horario de apertura", con lo que de esta forma, considera Facua que el Ejecutivo central "le da prioridad a los intereses de las empresas y la libre competencia".

Finalmente, señala Facua que con su actitud, el Gobierno del PP "invade las competencias en materia de Consumo, que están transferidas a las comunidades autónomas", tras lo que ha mostrado su desconfianza en "la voluntad del Gobierno central para llegar a un acuerdo".

Finalmente, la asociación ha reclamado su participación en la negociación que se plantee, "como parte interesada al representar los intereses de los consumidores".