Pago a trabajadores autónomos
Imagen de archivo de una factura. GTRES

A la hora de entregar bienes, prestar servicios y llevar a cabo pagos anticipados, los autónomos están obligados a emitir facturas. Estos documentos pueden tener un formato físico o enviarse a través del correo electrónico, siempre que en tales acciones se garantice su autenticidad, integridad y legibilidad.

Para que se produzcan estas condiciones, como recuerdan en el Club del Emprendimiento, las facturas deben llevar una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, o bien un intercambio electrónico de datos (EDI) que prevea la utilización de procedimientos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad de los datos. La autenticidad también puede constatarse a través de otros medios validados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

También es posible emitir facturas de carácter “recapitulativo”En cuanto al momento de la emisión, la administración establece como norma general que sean expedidas en el momento de realizarse la operación que incluyen. Sin embargo, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, este periodo abarcará hasta el día 16 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del impuesto correspondiente a la operación facturada.

También es posible emitir facturas de carácter “recapitulativo”. Éstas incluyen, en el mismo documento, diferentes operaciones llevadas a cabo en días diversos, aunque todas han de haberse realizado dentro de un mismo mes natural. Así, se establece que las facturas podrán expedirse, como máximo, el último día del mes natural en el que se hayan efectuado las operaciones que se documenten en ellas o antes del día 16 del mes siguiente.

Finalmente, la normativa legal del RETA vigente establece que tanto autónomos como pymes tienen la obligación de conservar las copias de las facturas expedidas durante un plazo de cuatro años, igual que si se hubiera tratado de una factura en papel. También debe garantizarse el acceso a los contenidos por parte de la Administración tributaria sin demora, salvo causa debidamente justificada.