Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos ocurrieron cuando se recibió en la Sala de Control del 092 una llamada de un ciudadano denunciando que, en un taller de reparaciones, se le negaba la hoja de reclamaciones, por lo que se envió una patrulla al lugar.

Allí, los agentes contactaron con este ciudadano, que denunciaba al dueño del taller por estafa debido a que le vendió presuntamente un vehículo de alta gama sin haber comunicado que tenía un defecto.

Cuando contactaron con el dueño del taller, éste alegó que no se dedicaba a la compraventa, sino que reparaba vehículos y ejercía de intermediario, por lo que, en todo caso, la reclamación correspondiente tendría que llegar al vendedor.

El denunciante explicó además que toda la documentación se arregló en la oficina del taller y que fue rellenada por el dueño del mismo sin que intercediera la parte presuntamente vendedora en momento alguno.

Además, añadió que este establecimiento sí se dedica a la compraventa, mostrando como prueba un segundo contrato de transferencia de la propiedad del vehículo que entregó como parte del pago del que había adquirido, lo que hizo sospechar a la Policía Local de una posible actividad ilegal.

Tras realizar las gestiones oportunas, los agentes comprobaron que el domicilio que figuraba en el contrato de la hipotética parte vendedora no existía y que el vehículo no era propiedad de una mujer, sino de un hombre, a lo que se suma que los datos del DNI que aparecían no coincidían con el nombre del propietario anterior.

Finalmente, pudieron comprobar que el propietario legal del vehículo de la denuncia había fallecido y que este coche se entregó a otro taller cuando estaba averiado para usar piezas como recambio de otros vehículos. También constataron que el propietario del taller ofertaba la compraventa de vehículos a través de redes sociales.

Así las cosas, los agentes de la Policía Local informaron tanto al propietario del taller como al denunciante de que pondrían todo lo sucedido en conocimiento judicial al apreciar presuntos delitos de estafa y falsedad documental.