Pena de muerte
Una inyección letal para aplicar la pena de muerte, en una imagen de archivo. FLICKR / EUROPA PRESS

El Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió la ejecución prevista para este martes en Georgia del reo afroamericano Keith Tharpe, cuya defensa acusa a uno de los miembros del jurado que lo condenó a muerte en 1991 de racista.

La ejecución estaba inicialmente prevista para las 19.00 hora local (01.00 hora peninsular española), pero las autoridades carcelarias de Georgia esperaron más de tres horas para recibir una luz verde del Supremo que nunca llegó.

Los abogados de Tharpe, de 59 años, defendieron ante los jueces del alto tribunal que la condena a muerte contra su cliente fue impuesta por discriminación racial de, al menos, uno de los miembros del jurado.

Se trataría de Barney Gattie, un hombre ya fallecido, que una vez pasado el juicio, hizo unas declaraciones en las que puso en duda que las personas negras tengan alma e hizo otros comentarios racistas, aunque después se retractó delante de un juez.

La defensa del preso ya había presentado con anterioridad ese mismo recurso ante múltiples tribunales que lo habían rechazado, pero el Supremo prefirió poner freno a la ejecución para estudiar el caso con detenimiento.

Unos hechos de 1990

A Tharpe le condenaron a muerte por asesinar a su cuñada, Jacqueline Freeman. Incumpliendo una orden de alejamiento de su esposa, de la que estaba separado, el hombre interceptó en la mañana del 25 de septiembre de 1990 un vehículo en el que circulaban las dos hermanas y lo detuvo amenazándolas con una pistola.

Tharpe obligó a Jacqueline a sentarse en la parte trasera del vehículo, le disparó, la echó a un arroyo y volvió a dispararle hasta que la mató.

Con su cuñada muerta, Tharpe violó a su esposa en una cuneta de la carretera. Después la llevó hasta Macon, en el sur de Atlanta, y le dijo que retirase dinero de su cuenta bancaria para dárselo. La mujer logró avisar a la Policía, que no tardó en detener a Tharpe.

Estados Unidos ha ejecutado a 18 presos este año y a 1.460 desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte hace cuatro décadas. El estado de Georgia ha ejecutado a 70 de esos presos.