La denunciante, explica en su acusación, llegó a un acuerdo verbal con el empresario: cobrarían 400 euros a cada inmigrante, 300 para él y 100 para ella. Sin embargo, la mujer dice que no se quedó nada. El denunciado afirma que fue ella quien trató de aprovecharse de sus compatriotas y aclara que sí contrata a extranjeros, porque los necesita para sus campañas, pero que lo hace de forma absolutamente legal, en colaboración con entidades humanitarias y sin cobrarles «ni un euro».