En un comunicado recogido por Europa Press, el Grupo Popular sale al paso de las declaraciones realizadas por el regidor socialista este viernes en las que ha apuntado que el código ético del PP no permitiría que el edil Alfredo Blanco continuara en la formación si es citado a juicio oral por el caso de las cartas de conformidad firmadas para el préstamo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Los 'populares' creen que Puente "no es el más indicado" para hablar del código ético cuando ha sido "condenado por dos veces por ir en contra de la Constitución Española" cuando el acuerdo adoptado por el Grupo Socialista, con el visto bueno de Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede, por el cual, entre otras cosas, se redujo las percepciones de los concejales sin dedicación exclusiva, fue anulado por un Juzgado de Valladolid, y cuando posteriormente el TSJCyL ratificó la decisión ante el recurso presentado por el equipo de Gobierno.

El PP ha recordado que la decisión de Puente pretendía que "los concejales de la oposición no tuvieran apenas compensación por su dedicación en los asuntos municipales", al reducirla a un máximo de 2.750 euros al mes, una decisión promovida "por el alcalde socialista que más cobra en España que atacaba directamente al artículo 14, el que defiende que todos somos iguales ante la ley y con los mismos derechos".

Los 'populares' consideran que el propósito de Puente "es hacer daño al Partido Popular en vía judicial, ya que por las urnas no ha sido capaz de vencerle nunca" y por ello "lleva a los tribunales a concejales y exconcejales del Ayuntamiento" -el exalcalde Francisco Javier León de la Riva también está encausado por el mismo caso-.

Cabe recordar que el caso de la firma de las tres cartas de conformidad avanza después de que esta semana se hayan formulado las solicitudes de penas por parte de la Fiscalía de Valladolid y del Ayuntamiento de Valladolid, que ejerce la acusación particular. El Ministerio Fiscal pide nueve años de prisión y 33 de inhabilitación para el exregidor y nueve de inhabilitación para los ediles; mientras que el Ayuntamiento solicita tres de prisión y nueve de inhabilitación a León de la Riva y tres de suspensión del ejercicio de cargo público a los concejales.

Todo ello, han lamentado, "a pesar de que el asunto en cuestión no ha causado ningún daño patrimonial y sin que hasta ahora no haya salido ni un euro de las arcas municipales".

Por ello, los Populares han pedido a Óscar Puente que "deje de hacer juicios de valor, al no estar muy legitimado, y deje trabajar a la Justicia sin injerencias", al tiempo que han incidido en su "máximo respeto a la Justicia" en este proceso judicial y en que acatarán las decisiones.