Según ha señalado el sindicato en un comunicado, durante la crisis el Gobierno "utilizó los PGE para cuadrar las cuentas a costa de los servicios públicos y de los derechos de las personas que trabajan en ellos". "Esta política, además de injusta se ha demostrado ineficaz económicamente y únicamente ha servido para consolidar la desigualdad y la precarización", ha denunciado CCOO PV.

Para el sindicato "ya no hay excusas" y "es el momento de que la recuperación económica anunciada en reiteradas ocasiones por el Gobierno, revierta en la ciudadanía y se traduzca de manera inmediata en los PGE 2018".

En esta línea, considera que estos presupuestos "deben comportar una correcta financiación para todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) y empresas públicas afectadas, que garanticen unos servicios de calidad, eficientes y en igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía".

CCOO PV cifra en unos 23.000 los puestos de trabajo perdidos en las administraciones públicas desde 2010, "lo que repercute directamente en la calidad del servicio y en un aumento del desempleo". Según sus datos, en enero de 2010, en la Administración estatal en la Comunitat, en la Generalitat Valenciana (sin computar su sector público), en las administraciones locales y en las universidades públicas, "el número de empleados y empleadas superaba los 244.000 y en enero de 2017, se redujo aproximadamente a 222.000 personas".

De acuerdo con el sindicato, en la Administración estatal la disminución ha sido de 3.498 puestos; en la Generalitat Valenciana de 7.591; y en las administraciones locales la reducción ha sido de 10.288 puestos. Dentro de la Generalitat, en el ámbito de la función pública se ha pasado de los casi 13.500 puestos a 12.000 y en el ámbito de las instituciones sanitarias se han perdido más de 8.000.

Por el contrario, en docencia no universitaria se produce un descenso acumulado de 2.000 puestos, aunque en el periodo más duro de la crisis llegó a alcanzar unos 4.000. Sin embargo, en justicia hay un ligero incremento de 107.

En este sentido, recalca que el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público suscrito por CCOO hace unos meses con el Gobierno central "supone un paso importante para la reducción de la elevada tasa de temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas".

"Es un gran avance para la estabilización de las plantillas, pero también resulta necesario detener la pérdida de empleo público y recuperar el perdido durante la crisis (300.000 en España y más de 23.000 en el País Valenciano)", añade.

ELIMINAR LAS TASAS DE REPOSICIÓN

Para ello, afirma que es "imprescindible que se eliminen las tasas de reposición fijadas en los PGE, de tal forma que las administraciones, en el uso de sus facultades y para el desarrollo de sus competencias, puedan superarlas para adecuar las plantillas a las necesidades de los servicios".

Este sindicato reivindica Ofertas Públicas de Empleo "excepcionales", además de las ordinarias, "para recuperar los más de 50.000 puestos de trabajo que se vieron comprometidos" en la Comunitat "por la alta temporalidad y las tasas de reposición, y que en el ámbito del Estado estaría en torno a 700.000".

CCOO centra sus reivindicaciones en cuatro bloques: empleo, salarios, negociación colectiva y defensa de los servicios públicos.En materia salarial, señala que las empleadas y empleados públicos han perdido entre el 12 y el 21% de poder adquisitivo, por lo que cree necesario "establecer incrementos salariales por encima del IPC real".

Asimismo, exige al Gobierno la "reactivación de todos los espacios de negociación" en las diferentes administraciones y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, "empezando por la recuperación del derecho a la negociación colectiva, eliminando la normativa básica que impide al resto de administraciones establecer derechos en materias tan sensibles como mejoras en la jornada, salud laboral, conciliación, formación, acción social o alcanzar el 100% de prestaciones por Incapacidad Temporal".

Para el sindicato es un objetivo "central" la extensión de las 35 horas de jornada. En cuanto a los servicios públicos, insta a "poner freno a la privatización y revertir a la gestión directa de aquellos que sean susceptibles de ello, como única garantía para que se cumpla el papel de universalidad y equidad en el sistema".