A instancias de su delegación territorial en el Principado, Facua ha remitido un escrito a la Consejería de Infraestructuras, ordenación del Territorio y Medio Ambiente en el que reclama al Gobierno autonómico que aborde este problema, y promueva cuanto antes las actuaciones que sean necesarias para acabar con él.

A través de una nota de prensa, la asociación señala que la ley sobre abastecimiento y saneamiento de aguas en el Principado de Asturias, recoge que "en su ámbito territorial, corresponde a la administración del Principado el control de la eficacia del proceso de tratamiento en las instalaciones de depuración financiadas total o parcialmente por el Principado".

Igualmente, señalan que la Ley autonómica de los consumidores y usuarios indica que es un "derecho básico de los consumidores y usuarios la protección frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad, incluyendo aquellos que amenacen al medio ambiente y a la calidad de vida".

Además, la misma norma advierte de que serán consideradas "infracciones en materia de protección de la salud y seguridad de los consumidores las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores, ya sea de forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia o precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate".