El ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, afirmó que los políticos independentistas de Cataluña están "adoptando una actitud nazi" en relación a la celebración del referendo ilegal convocado para el próximo 1 de octubre.

"Esta gente está adoptando una actitud nazi porque están publicando carteles con las caras de los alcaldes que se resisten a participar en esta farsa y pidiendo a la gente que los acose", dijo Dastis en una entrevista con el servicio de televisión de la agencia Bloomberg en Nueva York, donde se encuentra para participar en la Asamblea General de la ONU.

El ministro opinó asimismo que los organizadores de la consulta independentista "están intentando convencer a la gente que están del lado de la democracia y no lo están", y apuntó que los referendos son "el arma preferida de los dictadores".

"Un referéndum no es equivalente a una democracia. El general Franco organizó dos referendos", dijo Dastis en esa entrevista.

El jefe de la diplomacia española dijo que serán los tribunales y no el Gobierno las que decidan si los promotores del referéndum deben ir a la cárcel, aunque apuntó que "no es eso necesariamente" lo que quiere la Administración que representa.

"Lo que queremos es tener socios e interlocutores para asegurarnos de que en los próximos meses encontremos una solución para acomodar las aspiraciones legitimas que pueda tener alguna gente en Cataluña", afirmó el ministro.

Dastis subrayó que "no hay una mayoría social ni política en Cataluña" para celebrar la consulta independentista.

El Gobierno regional catalán convocó un referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma española para el 1 de octubre próximo, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional de España.

El Constitucional español también suspendió el 12 de septiembre la llamada "ley de Transitoriedad" aprobada la semana precedente por el Parlamento regional catalán, que permitiría poner en marcha un nuevo Estado en forma de república y que fue recurrida por el Gobierno de Madrid.

El recurso presentado por el Gobierno español contra esa ley considera esa norma como "la mayor afrenta y amenaza" a las bases sobre las que se asienta la convivencia en España desde 1978 (fecha de la Constitución española) y el "mayor ataque concebible" a los valores democráticos.