Aunque se han negado a declarar, la Fiscalía ha hecho las preguntas que tenía previstas a los dos alcaldes, les ha preguntado si recibieron la carta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, solicitando los locales municipales para el referéndum y si firmaron el decreto para cederlos y les ha advertido de que "cualquier gasto humano o económico podría ser constitutivo de delito", ha contado Josep Antoni Troguet.

Josep Antoni Troguet y Miquel Sala han hecho lo mismo que el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, que por ser diputado en el Parlament ha declarado en la Fiscalía Superior de Catalunya, en Barcelona.