PSdeG y BNG aprovecharán el pleno de la próxima semana para requerir al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se posicione sobre el veto del Gobierno a que el Congreso pueda debatir la transferencia de la AP-9 a Galicia. En Marea, por su parte, llevará el "recorte de libertades" que aprecia en la prohibición de actos de apoyo al referéndum de Cataluña.

De ello han dado cuenta los distintos portavoces en rueda de prensa, tras la reunión en la que se fija el orden del día de la siguiente sesión plenaria.

En primer término, la nacionalista Ana Pontón ha explicado que dedicará su intervención a preguntar a Feijóo qué queda de su promesa electoral de anteponer Galicia a cualquier otra cuestión. "Porque Galicia nunca está entre sus prioridades, sólo sus intereses y sus ambiciones personales que cada vez lo inhabilitan más como presidente de la Xunta", ha sentenciado.

Se ha referido así a que opte por decir "sí, bwana" a su partido frente al veto sobre la AP-9, los retrasos en el AVE y los recortes en financiación.

En la misma línea, el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga ha avanzado que exigirá a Feijóo que "asuma su papel como presidente de la Xunta" en vez de actuar como "responsable del PP en Galicia", crítico con que "avale" las actuaciones de los cargos de su partido en Madrid en lugar de defender una postura unánime de la Cámara gallega.

RECURSO AL TC Y REPROBACIÓN

En paralelo con la pregunta de la sesión de control, el BNG ha llevado a la junta de portavoces una petición de reprobación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la presidenta del Congreso, Ana Pastor; además de una propuesta para que el Parlamento gallego presente un recurso de inconstitucionalidad frente a la decisión de la Cámara baja de aceptar el veto del Gobierno a ese debate.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se dinamita nuestra autonomía y el derecho a que se debatan nuestras iniciativas en el Congreso", ha argumentado Pontón, quien ha llamado a dar "una respuesta a la altura del agravio" que se ha cometido con Galicia.

Sin embargo, no ha habido acuerdo entre los cuatro grupos para sacar adelante ninguna de esas cuestiones, por motivos políticos la primera (los populares rechazaron una vía que compartía toda la oposición) y por cuestiones jurídicas la segunda.

Y es que, ante las dudas sobre la capacidad del Parlamento para recurrir al Tribunal Constitucional (TC), el portavoz del PPdeG en O Hórreo, Pedro Puy, ha defendido pedir a los servicios jurídicos que analicen las vías a seguir, como también ha propuesto Leiceaga. No obstante, la líder nacionalista ha interpretado este paso como una estrategia de dilación del PP, que quiere dejar que "pasen los tres meses" de plazo para recurrir.

MANTENER LA UNIDAD

En medio de esta división de opiniones, Leiceaga ha hecho hincapié en la importancia de mantener "la unidad política" y de no "fomentar la división", con iniciativas "singulares" que "dividen" en vez de "sumar" en torno a un asunto en el que puede haber consenso, al menos, de los tres grupos de la oposición.

Partidario de "compartir" las actuaciones, ha avanzado que trabajará en una medida "concreta" para fijar la posición del Parlamento ante la "burla" de la Mesa del Congreso. Con todo, lo que ha lamentado es que sólo En Marea respondiese afirmativamente a su petición de reunión para "poner en marcha medidas comunes" para lograr el traspaso de la citada vía.

Por su parte, Luís Villares (En Marea) ha llamado a actuar tanto en el plano político como en el jurídico ante el "bochornoso ninguneo" al que el PP está sometiendo a Galicia. Además, ha recordado que el trabajo no termina con la transferencia de la AP-9, sino que hay que lograr que sea de titularidad pública, como se ha hecho con las radiales madrileñas.

Enfrente, Puy Fraga ha apuntado que "todos" los grupos comparten las críticas a la decisión de la Mesa del Congreso, pero ha dejado claro que el suyo no aceptará una reprobación pública de Rajoy y Ana Pastor, para quienes sólo tiene "buenas palabras". De hecho, ha ironizado con impulsar una declaración institucional para "elogio" de ambos.

Más allá, ha dejado claro que el PP gallego seguirá defendiendo la importancia de lograr la transferencia de esa infraestructura e intentando "por los cauces que prevé la ley" levantar el veto. Por tanto, ha declinado anticipar movimientos hasta ver "qué proponen" los letrados del Parlamento como próximos pasos a seguir.

PREGUNTA DE VILLARES

Si bien tanto el BNG como el PSdeG coincidirán al focalizar su turno en la sesión de control para abordar la situación de la AP-9, En Marea aprovechará para denunciar la represión de "opiniones disidentes".

"Al PP no le basta con recortar en educación, sanidad, pensiones... también recorta en libertades civiles", ha insistido Villares, en referencia a la prohibición de convocar actos de apoyo al desafío soberanista de Cataluña expresada por el delegado del Gobierno en Galicia.

Convencido de que "es una burla a la libertad de expresión", ha llamado a no ser "neutrales" ni a "permanecer impasibles" ante ello y ha anticipado que preguntará a Feijóo si comparte ese "autoritarismo".

PAZO DE MEIRÁS

Otro de los asuntos que también se debatirán en el pleno de la semana que viene es

la incorporación del Pazo de Meirás al patrimonio público.

Tanto el PP como el PSdeG llevarán peticiones de creación de una comisión que analice los mecanismos por los que se podría revertir la entrega al dictador de ese inmueble.

COMPARECENCIA

Además, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, comparecerá ante el pleno para informar sobre su plan de prevención de los suicidios.

Será después de que se proceda a cubrir la vacante existente en el consejo social de la Universidad de A Coruña y de que se debatan dos leyes: una sobre la protección de los animales de compañía, a instancias del gobierno; y otra, sobre la CRTVG, a propuesta del PSdeG.