La Misión de Investigación de la ONU para Birmania (Myanmar) ha instado este martes al Gobierno del país a que le dé acceso "pleno y sin impedimentos" con el fin de verificar las denuncias sobre los graves abusos cometidos contra la minoría musulmana rohinyá.

"Es importante para nosotros ver con nuestros propios ojos los lugares de las presuntas violaciones y abusos, y poder hablar directamente con las personas afectadas y las autoridades, por lo que hemos pedido al Gobierno birmano que coopere y nos conceda acceso pleno y sin impedimentos al país", indicó ante el Consejo de Derechos Humanos el presidente de la misión, Marzuki Darusman.

"Confiamos en que nuestra solicitud reciba una respuesta positiva", ya que el Gobierno ha expresado su disposición a establecer la verdad, recalcó el indonesio, quien pidió "acceso pleno y sin obstáculos para la ayuda humanitaria" para los 415.000 rohinyás que han huido del estado de Rakáin (noroeste) en menos de un mes, y para aquellos que permanecen aún allí.

Darusman indicó que la misión ha enviado de manera urgente un equipo a Bangladesh para que reúna información y verifique las denuncias de los rohinyás huidos a ese país sobre los graves abusos cometidos presuntamente por las fuerzas birmanas en Rakáin.

La nueva crisis en ese estado birmano se desató el 25 de agosto, cuando un ataque de un grupo insurgente rohinyá contra casetas policiales y militares fue respondido con una operación militar.

El presidente de la misión de la ONU, que fue nombrado a finales de julio y quien reunió a sus miembros por primera vez en la semana del 21 de agosto, señaló que en la actual crisis han surgido las mismas denuncias sobre abusos que en anteriores crisis desde la ruptura del cese al fuego en el norte de Birmania en 2011.

Darusman citó asesinatos masivos, el uso excesivo de la fuerza, torturas y malos tratos, violencia sexual y basada en el género, y la destrucción y quema de pueblos enteros, unos 200 según dijo.

También se refirió a la información proporcionada por Amnistía Internacional (AI) acerca de minas antipersona en la frontera con Bangladesh plantadas por el Ejército birmano, y a la supuesta propaganda "deshumanizante" que compara a los rohinyás con la peste.

La misión fue creada en marzo para establecer los hechos y las circunstancias de presuntas violaciones de derechos humanos recientes por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad en Birmania, en particular en Rakáin.

El ente ha decidido investigar también las graves denuncias que "siguen emergiendo" desde los estados de Kachin y Shan, así como los "acontecimientos" ocurridos desde 2011 cuando se rompe un cese al fuego en el norte y se elevan las tensiones que han llevado a una violencia a gran escala en Rakáin.

No obstante, Darusman admitió que ante toda la información que recibe la misión, ésta se "encuentra sobrepasada", por lo que instó al Consejo de Derechos Humanos a prolongar seis meses el mandato de los investigadores hasta septiembre de 2018.

El mandato del Consejo obligaba a la misión a entregar un informe definitivo en la reunión ordinaria de marzo de 2018, "pero la escalada de la situación en Rakáin ha aumentado considerablemente el volumen de nuestro trabajo y nos preocupa profundamente que no podamos verificar los hechos necesarios con la profundidad y calidad para presentar en marzo un informe", explicó.