Para la formación liderada por Pablo Fernández, el texto, que pretende convertir a los vigilantes municipales en policías locales, deja esta conversión en una mera posibilidad voluntaria dependiente de los ayuntamientos que quieran.

Además, advierte de que en el caso de que los vigilantes no pasen a ser policías, éstos quedarían fuera de la ley, pues dicho texto no se les aplicaría, por lo que su desprotección sería jurídica.

En el caso de los policías locales, se les modifica el régimen disciplinario para eliminar las cuestiones propias locales que contenía la anterior ley y equipararlo al régimen de la policía nacional, "por lo que su desprotección se debe a perder los matices de la realidad concreta".

De hecho, recuerda que también el dictamen del Consejo Consultivo del 20 de julio de 2017 a este respecto se pronuncia en los mismos términos y alerta de una posible inconstitucionalidad de la pretendida reforma.

Podemos Castilla y León apuesta por una conversión como la realizada en otras comunidades, con un cuerpo de policías locales con rango, material y retribuciones equiparables independientemente de la localidad en la que desempeñen su cargo, así como por una normativa que ampare de forma clara y transparente sus actuaciones para un mejor servicio público.

Por otro lado, a pesar de que la coordinación de la implantación de las Policías Locales debía estar tutelada por un Observatorio creado por la citada Ley, así como contar con partida presupuestaria desde 2004, Podemos asegura desconocer a día de hoy si existe siquiera dicho órgano ni si la Junta ha aportado alguna vez dinero para dicha coordinación.

El anteproyecto de ley, que ha pasado ya todos los trámites y está pendiente únicamente de ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta y ser enviado a las Cortes para su discusión, tenía el objetivo de solucionar el agravio existente entre los vigilantes municipales y los policías locales, quienes, a pesar de tener la misma formación, no contaban con idéntico estatus administrativo ni material ni retributivo.

En febrero de 2016 el procurador Carlos Chávez mantuvo reuniones con la Asociación de Vigilantes Municipales de Castilla y León (Avimucyl), que vienen luchando, desde que se creara la figura del vigilante municipal en 2003, por la equiparación de estos con los policías locales.

Dicha asociación fue la promotora de una Proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes, el 23 de ese mismo mes, en la que se instaba al a Junta a la conversión de los vigilantes en policías.

La actual ley fomenta, de facto, que solo algunos municipios, en función de su tamaño y de su músculo económico, puedan tener un cuerpo de policía local. El resto tendrá una categoría inferior llamada Vigilantes Municipales.