El GOB ha presentado un escrito a la APB pidiendo que eleve a su consejo de administración esta propuesta de dejar sin efecto el procedimiento que otorgaba la concesión del proyecto presentado por Transpulve SL.

La entidad cree que la construcción de tres silos de cemento "no se justifica". Además, han calificado la propuesta de Transpulve como "la peor de las opciones desde el punto de vista ambiental" porque "no garantiza una carga, descarga, almacenamiento y transporte sin afecciones al medio ambiente" ya que contempla procedimientos mecánicos y no neumáticos de descarga y transporte de cemento.

Por ello, los ecologistas consideran que este proyecto "no reúne las condiciones de inocuidad y de excelencia exigibles" para el puerto de Alcúdia, ubicado en "zona sensible" y LIC comunitario.

"Incrementaría los efectos nocivos acumulativamente a las actividades contaminantes de carga, descarga de carbón o chatarra", han argumentado.

"DATOS TERGIVERSADOS"

El GOB también ha asegurado que se han utilizado "datos tergiversados" para "facilitar el otorgamiento directo de la concesión por un periodo de 18 años" a Transpulve.

"La superficie de ocupación del dominio público portuario realmente necesaria para desarrollar la actividad es de 2.899 metros cuadrados, la cual se reduce artificiosamente para no superar la superficie de 2.500 m2", sostiene el GOB.

Finalmente, el GOB considera que el sistema de adjudicación por concurso "permite a la Administración Portuaria no ir a remolque de la iniciativa privada, y posibilita la redacción de un pliego de bases que garantice 'ab initio' las condiciones ambientales óptimas".

Además, la entidad ecologista se ha referido a "antecedentes poco claros" con "pérdida de ingresos" por parte de la APB. "Se pone al descubierto que se ha producido una operación que se inicia con la renuncia a la concesión de 2010, por la empresa adjudicataria Sitges Reunides SL, que la APB acepta para activar, seguidamente, este nuevo procedimiento de adjudicación, sin concurso, a la empresa Transpulve, con conexiones directas con la primera", ha denunciado el GOB.

De este modo, según el GOB, Transpulve ingresará a la APB, en concepto de tasas 131.938 euros por año, "cuando la anterior adjudicataria debía satisfacer a la Administración portuaria la cantidad anual de 569.680 euros".

Durante los 18 años de la concesión, la reducción de ingresos sería según los cálculos del GOB de 7,8 millones, "sin contemplar, además, ninguna mejora ambiental".