Tal y como consta en el escrito de Fiscalía, el 8 de octubre de 2016 los dos acusados, con "animo de enriquecimiento ilícito", entraron en la Iglesia de Santa Rita y, con el pretexto de solicitar confesión al párroco, accedieron al despacho del sacerdote, agarrándole uno de ellos mientras el otro cogía la llave para abrir la caja de caudales, en la que había unos 700 euros en efectivo y diversas joyas.

Además, se apoderaron del reloj y las gafas de la víctima, a la que tiraron al suelo cuando se resistía, y a la que, "a sabiendas de que era una persona anciana que se hallaba indefensa, le propinaron varias patadas y golpes en la cabeza".

Como resultado, el hombre sufrió erosiones superficiales por las que recibió asistencia facultativa horas después, y al día siguiente sufrió una lesión cerebral por los golpes recibidos en la cabeza, lo que provocó su ingreso en Urgencias y su intervención quirúrgica. Además, en los días siguientes, sufrió complicaciones y precisó una traqueotomía y una sonda de alimentación.

Todo ello le ha provocado incapacidad para la deambulación, para recuperar su fonación anterior y para realizar las actividades básicas de la vida diaria, así como la pérdida de la funcionalidad en los miembros inferiores y la práctica totalidad en los superiores, lo que es "irreversible" y le provoca "una pérdida de calidad de vida muy grave", además de un perjuicio estético "muy importante".

PETICIONES DE FISCALÍA

Por todo ello, la Fiscalía pide que cada uno de los agresores -que permanecen en prisión provisional desde el 3 de noviembre de 2016- sean condenados a una pena de 15 años de prisión por sendos delitos de robo con violencia e intimidación y delito de lesiones agravadas, concurriendo la circunstancia agravante genérica de abuso de superioridad.

De la misma manera, solicita que se les prohíba aproximarse y comunicarse de cualquier manera con el perjudicado durante un periodo superior en ocho años a la duración de la pena impuesta por el segundo delito -11 años-.

Asimismo, tendrán que indemnizar a la víctima por los efectos sustraídos, además de en más de 420.000 euros -cantidad que se prevé que aumente, ya que las secuelas no eran definitivas cuando la fiscal redactó el escrito-, así como en más de 14.500 euros anuales por gastos de rehabilitación y asistencia médica y por perjuicio patrimonial por incapacidad para actividad profesional.